Las declaraciones de Marina Grismado, ex directora del Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco (RPI), podrían convertirse en pieza clave para esclarecer la presunta adjudicación fraudulenta de tierras fiscales durante la anterior gestión provincial. 

Se trata del expediente que la Justicia le sigue a la ex ministra de Capitanich Marta Soneira y al capo piquetero Ramón Alberto “Tito” López, preso desde septiembre de 2024 por presunto lavado de activos.

En agosto de  2022 y en una entrevista con Alerta Urbana que hoy  cobra vital relevancia, la funcionaria denunció públicamente restricciones en su acceso a los servidores del organismo que encabeza, y alertó sobre maniobras administrativas irregulares, como la designación de personal externo sin notificación formal ni respaldo documental.

Grismado afirmó haber sido excluida deliberadamente de reuniones clave y desplazada de decisiones operativas, pese a ser la máxima autoridad registral. Incluso denunció la violación de la cerradura de la oficina de sistemas y el retiro del personal informático de su dependencia sin justificación formal. 

En la entrevista con este medio de hace casi tres años, Grismado había hablado sobre el incidente de la violación de la cerradura de la oficina del área de sistema donde están alojados los servidores sobre el que aclaró que no podía hablar de una ilegalidad porque no le constaba, pero si hubo un ataque a la puerta. “Hay varios videos de ello y no nos consta quien rompió la puerta pero sí quien dio la orden, que fue la directora de la dirección de Resistencia, la doctora Noemí Diez (actual titular de la RPI)”, había mencionado Grismado en aquella ocasión.

La funcionaria asegura que todo está documentado y presentado ante la Fiscalía, algo que se torna clave en este momento en que se aguardan avances en la causa.

Respecto al supuesto hackeo, que fue noticia años atrás, la entonces directora del Registro señaló que se habría dado permiso a personas como administradores cuando ellos ni siquiera eran empleados del organismo. “No puedo hablar de ilegalidad pero si de una irregularidad, porque no se me notificó que habría un asesor externo y de buenas a primeras comenzamos a tener muchos inconvenientes en el sistema de los servidores del RPI y al día de hoy no puedo acceder”, agregó.

En paralelo, la Justicia Federal investiga a la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira, por la entrega de 3.000 hectáreas al dirigente piquetero Ramón “Tito” López, hoy detenido. El juez Ricardo Mianovich desestimó los planteos defensivos y fijó su indagatoria para el 11 de junio, es decir, dentro de menos de diez díaz.

Las inconsistencias señaladas por Grismado sobre la operatoria interna del Registro y los permisos concedidos a personas ajenas a la institución podrían revelar cómo se facilitó, desde adentro, el traspaso irregular de tierras fiscales. La directora, desplazada de hecho pero no de derecho, podría aportar información sensible que comprometa a Soneira, López y otros imputados por lo que la lupa de la Justicia ya está puesta en esta situación. 

 

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

 

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