La abogada penalista Silvina Fernández Rosarno pidió una investigación más profunda sobre el documental Justicia Divina, en el que habría estado involucrada la destituida jueza Julieta Makintach, acusada de haber comprometido su rol judicial durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Según la letrada, no se trata de un hecho aislado: “Detrás de esto hay un negocio y otros involucrados, tanto jerárquicamente superiores como subordinados”. 

En declaraciones al programa Tiempo de Policiales, por ATP Radio, Fernández Rosarno aseguró que “el beneficio económico era tan importante que Makintach estuvo dispuesta a sacrificar su carrera en la Justicia”. A su entender, no fue un simple error de juicio ni un acto de vanidad: “Hubo codicia. Ella creyó que lo que podía ganar económicamente justificaba perder todo lo demás”. 

La abogada sugirió que la jueza habría buscado cambiar de rumbo profesional, pasando de la magistratura a la producción audiovisual, motivada por las potenciales ganancias del proyecto. 

Delitos y omisiones en la mira 

Fernández Rosarno también cuestionó la actuación del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien —según dijo— no está considerando lo suficientemente grave el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, el cual, según destacó, implica penas de hasta seis años de prisión y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. 

Además, apuntó directamente contra los otros jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, asegurando que no podían desconocer lo que ocurría. “Es imposible que no supieran. Todos tenían visibilidad y responsabilidad”, remarcó. 

La letrada llegó incluso a comparar el entramado con una estructura de crimen organizado, con distintos niveles de participación y roles: “Esto no lo hizo sola. Hay más personas implicadas. Para ingresar a filmar al tribunal no alcanza con el aval de una sola jueza”, denunció. 

“Un sistema aceitado que pudo haberse repetido antes” 

Fernández Rosarno planteó dudas sobre si este tipo de mecanismos ya había sido utilizado en otras ocasiones, debido al grado de coordinación observado. “Hay un modus operandi instalado, y hay que preguntarse si esta no fue simplemente la primera vez que se expuso públicamente”, advirtió. 

Para ella, el foco de la investigación debe centrarse en el supuesto lucro que podría haberse generado mediante contratos de producción y su difusión en distintas plataformas, lo que podría constituir un delito de carácter económico y funcional. 

Por último, la abogada manifestó su preocupación por el daño institucional causado: “El accionar de Makintach genera vergüenza ajena y deteriora la imagen de la Justicia, especialmente cuando hablamos del papel de las mujeres en un ámbito donde tanto cuesta avanzar. Esto hay que protegerlo y no permitir que se manche”. 

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