El gobierno provincial de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que habilita a cobrar un canon por rescates en alta montaña y zonas agrestes cuando se compruebe negligencia de la persona auxiliada.

La iniciativa busca regular una situación cada vez más frecuente: rescates costosos financiados con recursos públicos por imprudencias evitables.

El tema reaviva el debate sobre la responsabilidad individual en actividades de riesgo y hasta dónde debe llegar la cobertura estatal en esos casos.

El proyecto propone modificar la Ley de la Policía Provincial incorporando un artículo que permita al Ministerio de Seguridad y Justicia cobrar un canon en casos excepcionales. No será automático: se evaluará cada intervención y se cobrará solo cuando se acredite que la persona rescatada incumplió normas, desoyó alertas, no avisó su itinerario o actuó de forma imprudente.

No se cobrará el costo real de los operativos (que suele ser altísimo por uso de helicópteros, drones, personal y logística), sino un monto “simbólico pero representativo”.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al Ministerio de Seguridad, y al menos el 50% se asignará a reforzar los recursos de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM).

Desde el sector montañista, Juan Pablo Sarjanovich, guía profesional, mostró reparos sobre cómo se aplicará el criterio de negligencia: “¿Quién determina qué es negligencia y qué no? Eso es muy subjetivo. Tendrían que armar un panel de expertos para definirlo y después ver qué puede hacer la otra persona, si contratar un abogado, iniciar un litigio… lo veo complicado”, advirtió.

Sin embargo, el escalador sostuvo que la idea de cobrar por rescates en casos de imprudencia no le parece mal, siempre que exista un seguro de montaña obligatorio, como ocurre en otros países: “Si la persona que entra tiene un seguro, luego el seguro cubre lo que el parque quiera cobrar. La persona que sube a la montaña tiene que ser consciente de los riesgos. Y si no lo es, debe contratar un guía. Si sube solo y después hay que movilizar un equipo de rescate, poniendo en riesgo vidas, tiempo y recursos, es justo que pague. Sí, definitivamente”.

El debate se reactivó tras el caso de un andinista extraviado durante siete días, que no había registrado su itinerario. El operativo para encontrarlo demandó helicópteros, drones y personal especializado, a un costo millonario.

Fuente: Página 12.  

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