El fiscal federal Federico Carniel solicitó este jueves una condena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos para Aída Ayala, exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, por su presunta responsabilidad en un esquema de defraudación a la administración pública que involucró fondos nacionales y una operatoria fraudulenta encubierta en la compra de maquinaria para el municipio de Quitilipi y tres años para Claudio Toloza que actuó como proveedor
Durante su alegato ante el tribunal, Carniel también pidió la misma pena para Miguel Ángel Vilte y Matías Balmaceda Paiva, colaboradores cercanos a Ayala, señalados como partícipes necesarios en la maniobra. Ambos operaban desde la llamada Fundación Construir, entidad que funcionaba como una oficina paralela de gestión, desde donde se asesoraba informalmente a intendentes y se dirigía la contratación de proveedores.
El caso tiene como eje lo ocurrido en 2016 entre la Secretaría de Asuntos Municipales que estaba al mando de Ayala y la Municipalidad de Quitilipi, por el cual se transfirieron $998.537 para la adquisición de maquinaria. Sin embargo, se determinó que el proveedor seleccionado, Service Hogar, no contaba con habilitación ni capacidad técnica para suministrar ese tipo de bienes, y no hay constancia de entrega ni inventario de los equipos. El dinero fue cobrado en efectivo por el titular de la firma, Claudio Tolosa, en apenas cinco días tras la emisión del cheque.

Según el fiscal, Ayala fue quien avaló la rendición de cuentas sin cuestionamientos en 2017, pese a las múltiples irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y el gremio municipal. En tanto, Balmaceda y Vilte fueron enviados como asesores al municipio y se encargaron de armar expedientes, seleccionar al proveedor y definir los bienes, quitando al intendente cualquier capacidad de decisión real.
“Estamos ante una maniobra articulada, planificada y ejecutada desde el poder político con recursos del Estado nacional, donde los canales institucionales fueron usados como fachada para consumar una defraudación”, concluyó el fiscal Carniel.

CONDENA ANTERIOR
Aída Ayala ya había sido condenada en 2024 en la causa conocida como “PIMP” o “Lavado II”. En ese proceso, el Tribunal Oral Federal de Resistencia la halló culpable de fraude en perjuicio de la administración pública por haber favorecido de manera irregular a la empresa PIMP S.A. en la concesión del servicio de recolección de residuos durante su gestión como intendenta de Resistencia. La pena impuesta fue de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos. Fue absuelta del cargo de lavado de activos.