La empresa Worldcoin, fundada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, inició en Argentina una nueva fase de implementación de su sistema World ID que permitirá escanear el iris ocular a domicilio tras un acuerdo con la plataforma de mandados Rappi.

Es decir que un repartidor llevará el orb (máquina para escanear) a domicilio, como lleva cualquier pedido de comida, para que el usuario escanee su ojo y los datos biométricos queden en la empresa. Esto implica la participación directa de los trabajadores para concretar el procedimiento.

Según informa la compañía, el escaneo busca ofrecer una “prueba anónima de humanidad”, pero la combinación entre una avanzada tecnología de identificación despertó críticas y generó preocupación entre los sectores laborales del rubro. Rappi no quiso hacer comentarios al respecto y aseguró que emitirá un comunicado próximamente.

El lanzamiento se dio en el lujoso restaurante Enero de la costanera porteña, donde ambas empresas comunicaron cómo será el servicio. El comunicado oficial del lanzamiento asegura: “Esta nueva alianza elimina esa barrera, permitiendo que las personas completen su verificación desde donde estén y con la misma facilidad con la que piden comida”.

Ambas empresas aclaran que hay “planes de expandirse por toda la Argentina en los próximos meses”.

Para recibir el orb explicaron que se debe “escribir la palabra ‘World’ en la barra de búsqueda de app y se muestra inmediatamente la imagen de un Orb”, para luego “elegir la fecha y hora para que un repartidor visite el lugar y verifique el World ID de la persona que lo ha solicitado”. 

Los riesgos  

A mediados del 2024, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) había expresado su profunda preocupación por el escaneo del iris que realiza la empresa a cambio de criptomonedas. Esta práctica, que se popularizó en Argentina durante todo ese año, implica la captura y almacenamiento de los patrones únicos del ojo humano mediante luz infrarroja para identificar a las personas, similar a una huella digital. El CAO advierte sobre los posibles riesgos de seguridad y la falta de regulación que proteja los datos biométricos de los ciudadanos.

La principal inquietud del CAO radica en que estas prácticas son realizadas por entidades de dudosa procedencia y sin respaldo académico, que además carecen de un propósito médico legítimo y estudios científicos aprobados. Se teme que los datos biométricos sean recopilados sin la debida protección conforme a la legislación de protección de datos. Ante esta situación, el Consejo recomendó a la Secretaría de Salud de la Nación investigar la legislación vigente y garantizar la protección de los ciudadanos.

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