A través del Decreto 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó una reforma integral al régimen migratorio. La medida introduce criterios más rigurosos para la admisión, residencia y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país, además de establecer nuevas condiciones para el acceso a servicios de salud, educación y para los procesos de expulsión. 

La reforma modifica diversos artículos de la Ley de Migraciones N.º 25.871 y tiene como objetivo principal reforzar el control sobre el ingreso y la permanencia de personas extranjeras. Se busca impedir el acceso al territorio nacional de individuos que representen riesgos para la seguridad, promoviendo al mismo tiempo un ingreso legal y justificado. 

Uno de los cambios centrales alcanza al artículo 6 de la normativa, que ahora dispone que los inmigrantes tendrán acceso igualitario a servicios públicos como salud, justicia, educación y seguridad social, siempre que se respeten los derechos y obligaciones que correspondan a su categoría migratoria. 

En el ámbito educativo, se dispuso que los extranjeros, incluso aquellos con situación migratoria irregular, deberán ser admitidos como estudiantes en niveles inicial, primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas. 

En cuanto al sistema sanitario, se estableció que en casos de emergencia no podrá denegarse la atención médica, mientras que los residentes permanentes tendrán el mismo acceso al sistema de salud público que los ciudadanos argentinos. No obstante, en hospitales administrados por el Estado nacional, los extranjeros no residentes permanentes deberán presentar un seguro médico o abonar el servicio según lo determine el Ministerio de Salud. 

Para la educación superior, el decreto autoriza a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Los estudios de grado continuarán siendo gratuitos solo para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. 

Adicionalmente, se contempla la posibilidad de otorgar becas a estudiantes sin residencia permanente, siempre que así lo permitan los estatutos de las instituciones o acuerdos con organismos nacionales e internacionales. 

La nueva normativa también exige a quienes ingresen al país la presentación de una declaración jurada en la que expongan los motivos de su visita, comprometiéndose a no desviarse de ese propósito. Se reforzarán los controles sobre la documentación presentada y se aplicarán sanciones más severas en casos de ingreso irregular o uso de papeles falsificados. 

Otro punto destacado de la reforma es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que estará enfocada en atraer capital extranjero mediante la concesión de ciudadanía a quienes realicen inversiones de magnitud. Esta herramienta busca estimular el crecimiento económico y la generación de empleo. 

Con esta reforma, el Ejecutivo plantea una actualización de la política migratoria acorde a los actuales desafíos económicos, sociales y de seguridad. Según lo expresado en el decreto, la intención es mantener a la Argentina como un destino receptivo a la inmigración, pero dentro de un marco legal más estricto y ordenado.

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