El Ministerio de Educación envió un requerimiento en el que se informa que la persona notificada se encuentra en condiciones de realizar el trámite jubilatorio.

“Resulta imperativo que inicie el trámite on line correspondiente a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD), motivo por el cual se lo intima a que en un plazo de cinco días hábiles administrativos a partir de su notificación proceda a realizarlo”, indica la notificación.

Además se precisa que cumplido el plazo, se procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 2485/2008 del Poder Ejecutivo, que establece en el artículo 3°: declarar imperativa la jubilación de todas aquellas autoridades superiores y agentes encuadrados en los presupuestos legales y reglamentarios para acogerse a la jubilación, bajo el Régimen de la ley N° 4044 (Actual Ley 800H)”.

Por último, la notificación informa que, estando vigente el Decreto 1743/2019 del Poder Ejecutivo, las notificaciones y comunicaciones que se realicen la plataforma TGD, tendrán carácter vinculante en un todo de acuerdo con la ley 179 A, razón por la cual ante el no inicio del trámite jubilatorio, se procederá a su inicio de oficio.

El texto lleva la firma de la profesora Sofía Elizabeth Petcoff Naidenoff, ministra de Educación Cultura Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco.

Disconformidad

Algunos trabajadores del Ministerio se comunicaron con Alerta Urbana mostrando su disconformidad con la medida y ante el caso puntual de una trabajadora señalan que se pretende “jubilar de oficio y sin su consentimiento”, lo que consideran una violación directa a la autonomía personal y a la dignidad del trabajo.

“Nadie puede ser obligado a jubilarse. La jubilación no puede ser usada como herramienta de exclusión ni como excusa para forzar retiros”, indicaron.

En un texto plantean que “el acceso a la jubilación es un derecho previsional que requiere de una manifestación de voluntad libre e informada por parte de la persona trabajadora. No se trata de una carga que el Estado pueda imponer a su antojo, ni de un trámite administrativo sin rostro. En este caso, no se respeta su voluntad. Se intenta jubilarla de manera compulsiva, ignorando su decisión de continuar activa, vulnerando sus derechos y desconociendo, además, el valor de su experiencia y compromiso. Obligar a una trabajadora a dejar su cargo sin causa y sin su consentimiento, es un acto de violencia institucional y una forma encubierta de sanción arbitraria”.

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