Por unanimidad, y tras una solicitud hecha por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro se suspendió por una semana el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Se analiza una eventual nulidad del debate, con la posibilidad de volver a empezar desde cero con otros jueces es una potencial consecuencia.

La pausa forzada del juicio la solicitó Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro. El funcionario a cargo de la acusación pública requirió una pausa por diez días y el tribunal aceptó, pero por menos días.

El pedido es por una “gravedad institucional”: un expediente judicial que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Isidro donde se investiga el supuesto vínculo entre una de las juezas que interviene en el debate, Julieta Makintach, con la producción de un eventual documental sobre el juicio.

La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Antes de que todos los presentes se retiraran de la sala de audiencias, la jueza Makintach dijo unas palabras: “Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi imparcialidad. Voy a dar las explicaciones del caso”, afirmó.

Y agregó: “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados. Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizás sea yo la que me aparte”.

En la denuncia, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".

Makintach integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para la realización del juicio porque solo tiene dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el jueves pasado, cuando la jueza Makintach se sentó en la silla reservada para el presidente del tribunal, que desde el 11 de marzo, cuando comenzó el debate, era utilizada por el juez Savarino, “fue un paso de comedia”.

“De las pruebas [del expediente que se inició tras la denuncia de Burlando y Baudry] surge claramente que Makintach ha autorizado a gente para que pusiera una cámara el primer día de audiencias, cuando el tribunal había prohibido el acceso de cámaras. No puedo hacer otra cosa que mantener la recusación. Mi interés es respetar los principios de legalidad e imparcialidad de los magistrados que tiene este debate”, afirmó Rivas.

Era un secreto a voces que el debate, tras la audiencia del jueves pasado, iba a continuar con los cuestionamientos a la jueza que quedó bajo la lupa por su supuesto vínculo con el documental.

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