El fiscal de Estado, Roberto Herlein, quedó envuelto en una polémica al ser apuntado por la instalación de al menos 10 cámaras de seguridad en el organismo con el objetivo de ejercer un control absoluto sobre los trabajadores.  

Las acusaciones señalan que no solo se vigila a los empleados sin la debida señalización, lo que constituiría una violación a la Ley de Protección de Datos Personales, sino que además se utilizarían las imágenes para amedrentar a los trabajadores, incluso en reuniones gremiales.  

“La utilización de imágenes captadas por estas cámaras para hostigar o intimidar a trabajadores en el marco de reuniones sindicales podría constituir una violación al derecho de libertad sindical”, sostienen los agentes e indican que en su despacho Herlein cuenta con televisores para el control de las cámaras y además también apuntan a la procuradora Lorena Quevedo por estos supuestos actos fuera de la ley.

Según pudo saber este medio, los equipos de vigilancia se extienden a sectores como la Dirección de Administración, incluyendo la parte contable, lo que evidenciaría una intención de monitoreo constante y generalizado.  

La situación generó alarma entre los trabajadores, quienes ven en esta medida una vulneración a sus derechos fundamentales a la intimidad y la libertad sindical.

Cabe mencionar que las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 09 a 13 hs a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.