Documentos a los que tuvo acceso exclusivo Alerta Urbana arroja luz sobre la reciente denuncia contra funcionarios provinciales en relación a la adjudicación de tierras. La documentación analizada revela que la actuación del Instituto de Tierras se limitó a cumplir un mandato judicial derivado de un expediente sucesorio iniciado en el año 2013, con una sentencia emitida en septiembre de 2022.

Según la información recabada, el expediente N° 302/2013 correspondiente al sucesorio de Eloy Gómez de Loy Próspero culminó con una resolución judicial el 5 de septiembre de 2022, mediante la cual se cedieron todos los derechos del señor Gómez y su familia a favor de Omar Canela, declarándolo heredero de la totalidad de los terrenos en cuestión.

La documentación detalla que la intervención del Instituto de Tierras consistió únicamente en ratificar a la nueva titularidad de Omar Canela, transfiriendo los derechos previamente reconocidos a Gómez al nuevo adjudicatario. En este proceso, se subraya que no existió una resolución directa a favor de Canela ni un decreto firmado, como sería obligatorio en un proceso de adjudicación directa. Tampoco se habría requerido un decreto del gobernador, paso posterior a la intervención de la Asesoría General de Gobernación.

La sentencia judicial que ordenaba la transferencia de derechos a Omar Canela fue emitida en septiembre de 2022. En ese momento, ni la actual presidenta del Instituto de Tierras ni el actual administrador de Vialidad Provincial ocupaban sus respectivos cargos.

Fuentes consultadas por Alerta Urbana señalan que funcionarios denunciados planean presentarse ante la justicia con toda la documentación respaldatoria para demostrar que la actuación del organismo se limitó al cumplimiento de una orden judicial preexistente.