La política entró por la puerta trasera de los tribunales federales de La Plata. Así lo creen quienes denuncian que la reciente decisión del juez Ernesto Kreplak de procesar a dos exfuncionarios del PAMI local responde menos a un interés genuino por esclarecer hechos de corrupción que a un objetivo más inmediato y político: disciplinar y castigar a quienes se animaron a exponer al verdadero poder dentro de la estructura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La medida judicial, que recayó sobre Viviana Aguirre, diputada nacional suplente por el partido de Javier Milei y excoordinadora de la UGL VII, y Raúl Simonetto, directivo del mismo organismo, los acusa de haber simulado una “comisión de servicio horario total” para cobrar sueldos sin trabajar. Pero los acusados sostienen que la causa fue impulsada como respuesta directa a una denuncia anterior, mucho más grave, que involucraba a pesos pesados del oficialismo libertario. Y sostienen, además, que la acción fue impulsada por "una denunciante fantasma".

La denuncia que incomodó a LLA

A mediados de 2024, Aguirre y su entorno político presentaron un testimonio demoledor sobre lo que, según ellos, era el funcionamiento real del PAMI La Plata desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. En el centro de esa trama aparecía el nombre de Sebastián Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación, hombre de extrema confianza de Karina Milei y principal armador del espacio en la provincia. La denuncia sostenía que Parejahabía diseñado un sistema paralelo de recaudación dentro del PAMI, utilizando como operador territorial al coordinador Juan Esteban Osaba.