En un operativo llevado adelante anoche, la División de Delitos Económicos Metropolitana logró secuestrar en Resistencia un automóvil vinculado a una investigación por lavado de activos, en el marco de una causa que involucra al capo piquetero Juan Carlos Rolón, detenido desde hace un mes.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 20.30 en la intersección de avenidas Alvear y Belgrano, donde efectivos policiales avistaron un Chevrolet Onix Joy blanco (dominio AD 052 CP), cuyo secuestro había sido ordenado mediante el oficio 51/25 por el Juzgado Federal de Resistencia 1, a cargo de Zunilda Niremperger.

Tras una persecución controlada, los agentes interceptaron el vehículo, que era conducido por Ramiro Nahuel Espindola (24 años, DNI 44.803.144). Al ser notificado, el hombre entregó voluntariamente el automóvil junto a sus llaves y documentación, la cual figuraba a nombre de Gastón Ezequiel Rolón, presuntamente hijo del capo piquetero.

El vehículo fue trasladado a la sede policial mediante grúa, cumpliendo con todas las formalidades legales. Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para ampliar los detalles del caso.

La causa

En un operativo sorpresivo realizado el 1 de abril de este al{o en Resistencia, fueron arrestados cuatro referentes de movimientos sociales acusados de corrupción y lavado de activos. Las detenciones, ordenadas por el Juzgado Federal 1 a pedido del fiscal Patricio Sabadini, se enmarcan en las causas "Causa Uno" y "Causa Dos", que investigan a la llamada "segunda línea" de una presunta organización piquetera en Chaco. Entre los detenidos figuran Juan Carlos Rolón, Diego Armando Rolón, Marcos Antonio Cáceres y Lucas Alexis Torales Cordeiro.

Los allanamientos se llevaron adelante en 22 propiedades de Resistencia, Colonia Tacuarí y Misiones, donde se incautaron preliminarmente $10,5 millones en efectivo, armas, vehículos, ganado y materiales de construcción. Además, cuatro inmuebles fueron asignados a la policía para uso institucional. La investigación, liderada por la División de Delitos Económicos, contó con apoyo de fuerzas federales y locales.

Los imputados están acusados de lavado de dinero bajo el artículo 303 del Código Penal, sumándose a otros dirigentes piqueteros ya detenidos en causas anteriores por delitos como abusos sexuales y un posible femicidio. Las autoridades consideran que este operativo representa un nuevo golpe a estructuras ilegales vinculadas a movimientos sociales en la provincia.

El caso sigue en desarrollo, y se esperan nuevas indagatorias para determinar el alcance de la red delictiva. La Justicia Federal reforzó su estrategia contra estas organizaciones, tras una serie de allanamientos y capturas en los últimos meses.