La activista en defensa del accionar militar Cecilia Pando manifestó su oposición a la disposición de que las fuerzas nacionales detengan a civiles.

“Cuando terminen los juicios de lesa humanidad van a comenzar a juzgar a los que manden a la frontera”, alertó.

En medio de voces críticas por sus posibles consecuencias judiciales, oficiales superiores de alto rango de las Fuerzas Armadas y sectores cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel rechazaron un decreto del ministerio de Defensa por el que se autorizó a que los militares puedan detener civiles en la frontera norte y noreste del país.

La norma dispone que estarán facultados para intervenir siempre que exista una comisión de delitos "en flagrancia".

"Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", escribió el ministro de Defensa, Luis Petri, en redes sociales.

El operativo lleva el nombre de “Julio Argentino Roca”, "una provocación simbólica", y contempla el despliegue de tropas en la provincia de Salta.

La resolución contiene una cláusula “reservada” conocida como "regla de empeñamientos" que versa sobre el uso de armamento.

Desde 1988, con la ley de Defensa Nacional N° 23.554, y luego en 1991 con la de Seguridad Interior N° 24.059, se separó a los militares de cualquier función policial.

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