El Ministerio de Obras Públicas rescindió los contratos de los Corredores Viales E y F firmados por el gobierno de Mauricio Macri bajo la modalidad PPP (Participación Público-Privada), que habían sido firmados en dólares y con un costo de obras que triplicaba el valor de mercado. La decisión fue acordada con las empresas que habían sido beneficiadas y que aún no terminaron las obras, motivo por el cual Vialidad Nacional será la encargada de culminarlas.

El anuncio fue hecho por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien había denunciado públicamente las “irregularidades” existentes en esas concesiones impulsadas por el gobierno de Juntos por el Cambio, bajo una modalidad que está cuestionada en todo el mundo.

Se trata del PPP, un esquema a través del cual las empresas concesionarias obtienen el financiamiento con apoyo estatal para realizar las obras a cambio de la explotación de las rutas y autopistas. O sea que contratan una deuda que luego las paga el Estado mientras ellas se quedan con el negocio del peaje y la renta.

“El esquema Público-Privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”, puntualizó Katopodis a través de su cuenta de Twitter, donde anunció la rescisión de los contratos de los Corredores Viales E y F.

El ministro explicó las razones. “El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía” y los contratos firmados en dólares “representaban un gigantesco negocio para unos pocos”. Por eso, el proceso de revisión iniciado en mayo pasado culminó con la extinción de esos contratos.

Esta decisión ratifica los lineamientos de la política de Alberto Fernández: “Mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas”, dijo el ministro y confirmó que “Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”.

Los contratos rescindidos
Los corredores cuyas concesiones fueron rescindidas son parte de trayectos clave para la circulación del país. El Corredor E abarca obras en las rutas 9, 11, 34 y 193, A008 y A012 circunvalación Rosario. Mientras que el Corredor F incluye tareas en la ruta 9, Autopista Rosario-Córdoba y ruta 33. Las empresas involucradas fueron Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España).

Esos dos corredores son parte de los seis que el Minsterio de Obras Públicas puso bajo la lupa. También están los A (rutas 3 y 226); B (ruta 5), C (ruta 7), y Corredor Sur (AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, rutas 3 y 205). Todos bajo la cuestionada modalidad PPP.

En los casi dos años de haber sido adjudicadas, la ejecución de obras fue mínima y las inversiones menores. De las seis concesiones, el porcentaje de obras concluidas fue de 2 por ciento. La Argentina no obtuvo el financiamiento para ninguno, lo cual hubiera implicado un endeudamiento adicional por 13 mil millones de dólares a pagar por el Estado en los siguientes diez años, por obras cuyo costo total se estimaba en 5400 millones de dólares.

Fuente: www.pagina12.com.ar