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JUDICIALES

23 de abril de 2025

Procesamiento y cárcel común para los piqueteros acusados de lavado

Se estima que usaron dinero recibido del Estado para beneficio propio.

Se conoció este miércoles que la Justicia Federal dispuso el procesamiento de los piqueteros detenidos hace unas semanas acusados de lavado de activos, a quienes le secuestraron dinero y tenían vehículos, quinchos y propiedades.

Se trata de Juan Carlos y Diego Rolón, Lucas Torales y Marcos Cáceres que recibían fondos del gobierno provincial para la construcción de viviendas u obras pequeñas sin embargo se beneficiaban desviando los recursos a las fundaciones que regenteaban que siempre tenían familiares directos entre sus integrantes.

La Justicia estableció procesar y mantener en prisión a los dirigentes piqueteros pero no así con sus familiares, que solo fueron procesados.

Los cuatro serán alojados en la Unidad Penal 7, a la espera de que llegue el juicio en su contra, salvo que apelen su prisión y puedan recuperar la libertad antes del proceso oral.

RESUMEN DE LAS CAUSAS

Marcos Antonio Cáceres, Lourdes Ruiz Díaz y María del Carmen Cáceres: Se les imputa la realización de maniobras para poner en circulación fondos de origen ilícito, presuntamente provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial. Esto se reflejaría en incrementos patrimoniales no justificados por sus ingresos lícitos.   

 

Juan Carlos Rolón, Elvira Giménez, Gastón Ezequiel Rolón, Juan Gabriel Rolón, Jimena Rolón y Juan Carlos Rojas: Se les acusa de haber puesto en circulación fondos de origen ilícito, también provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial. Se señala un incremento patrimonial significativo no acorde con sus ingresos lícitos.   

 

Lucas Alexis Torales Cordeiro, Marcos Gabriel Torales Cordeiro y Jose de Jesus Torales: Se les imputa la comisión de maniobras de lavado de activos, específicamente la puesta en circulación de fondos de origen ilícito provenientes de corrupción o defraudación a la administración pública provincial, con el fin de darles apariencia de licitud. 

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