El caso de los teléfonos celulares en las cárceles, que registró un agitado debate en la provincia de Mendoza, tuvo otro capítulo este lunes cuando se conoció que el juez Sebatián Sarmiento decidió apartarse de la causa. Así, su resolución de que no les retiraran los teléfonos a los presos quedó sin efecto.

Sarmiento se inhibió y, casi de inmediato, el juez de turno que lo reemplazó -Juan Manuel Pina- resolvió suspender la medida que frenó la quita de los celulares a las personas privadas de la libertad en dos de los establecimientos penales de Mendoza.

En medio de todo había cobrado fuerza en las últimas horas la versión de que el Gobierno estaba evaluando la posibilidad de iniciarle un jury de enjuiciamiento a Sarmiento para destituirlo por entender que se "extralimitó en sus funciones".

En las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer el Servicio Penitenciario podrá retomar el retiro de los dispositivos móviles que Sebastián Sarmiento suspendió.

El juez decidió inhibirse. Lo hizo por medio de una nota en la que señaló que tomó ese camino "en atención a las circunstancias de público conocimiento que, por su repercusión y tenor, podrían razonablemente afectar la percepción de imparcialidad".

La semana pasada, un día después de la resolución de Sarmiento, el director del Servicio Penitenciario -Eduardo Orellana- presentó una apelación contra esa disposición.

Pina dio lugar a ese recurso y determinó: "En mi carácter de Juez de turno de la Unidad de Control de Privación de Libertad del JPC N°1, y atento a la inhibición de Sebastián Sarmiento, concédase el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, contra el auto dictado el 15 de abril y suspéndase lo ordenado mediante resolución, en lo que resulta objeto del presente recurso, y hasta tanto quede firme la misma".

Para determinar la suspensión de quita de celulares, Sarmiento había hecho lugar a un habeas corpus que interpusieron organismos de derechos humanos y familiares de presos. Esto es porque no se ha garantizado aún la instalaciones de terminales de comunicación para los internos.

Desde el Gobierno se acusó a Sarmiento por su resolución judicial en la que "decidió pasar por encima" -como entienden desde el Ejecutivo- la decisión de la Suprema Corte de prohibir los celulares de los presos en los complejos penitenciarios.

Según explicaron, el magistrado se excedió por varios motivos. Entre ellos, porque la Ley de Ejecución Penal, desde el 17 de octubre de 2012 sanciona y prohíbe la utilización de celulares a los presos. "Hasta que no haya una reforma de la norma no la puede modificar por una resolución", comentaron.