Trabajadores del peaje del puente Chaco-Corrientes y de Makallé iniciaron este lunes una protesta que incluye la medida de fuerza de mantener las barreras levantadas, afectando la circulación de los vehículos ya que hay menos carriles habilitados. 

La manifestación responde al temor de la pérdida de alrededor de 70 puestos de trabajo debido al avance de la privatización de la empresa Corredores Viales, que actualmente depende del Estado nacional.

A partir de las 6 de hoy, los empleados nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) anunciaron el paro total de actividades, afectando el cobro en las cabinas de peaje ubicadas en la ruta 16. Además, en el caso del acceso al puente interprovincial, sólo dos de los cuatro carriles disponibles fueron habilitados.

Los trabajadores exigen una reunión urgente con autoridades de la empresa Corredores Viales, pero aseguran que hasta ahora no han obtenido respuestas. Según informaron, no hay personal jerárquico disponible localmente para resolver sus inquietudes frente al avance de la privatización del servicio.

El conflicto se desató tras la publicación de un decreto en el Boletín Oficial que aprobó la intervención de la empresa y nombró a María de los Ángeles Adem en la conducción de la misma. La privatización de la compañía fue dispuesta por el Gobierno nacional al inicio de la gestión de Javier Milei y, aunque esperada, la nueva medida generó preocupación entre los trabajadores, especialmente por la inclusión en el decreto de facultades que permitirían la designación y remoción de personal en la empresa.

Este proceso no sólo afecta al peaje del puente Chaco-Corrientes, sino también a los trabajadores del tramo III, que incluye la estación de Makallé, debido a la gestión estatal compartida de Corredores Viales. Los empleados advierten que la privatización pone en riesgo el sustento económico de numerosas familias, si no se garantizan sus puestos de trabajo.