El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, brindó este jueves una entrevista exclusiva a Alerta Urbana y, en diálogo con Gustavo Olivello, dio detalles sobre el avance de las causas por presunto lavado de activos contra cuatro piqueteros.

“Las indagatorias serán  mañana viernes y comenzarán a las 9”, confirmó Sabadini, quien advirtió que las penas, en caso de ser hallados culpables, podrían llegar a los 15 años de prisión efectiva.

El fiscal aclaró que lo que investiga son “cuatro causas separadas” y no una megacausa ya que, salvo algunas presunciones, los expedientes en marcha son independientes.

“Por el volumen de lo que estamos hablando quizá alguna se transforme en el futuro en una megacausa, veremos con el tiempo, pero en principio decir que no están unidas entre sí”, remarcó.

De esta manera, Sabadini hizo hincapié en cada capo piquetero es investigado de manera individual aunque, según precisó, en el caso de dos de los dirigentes sociales parecen tener “alguna afinidad”.

El fiscal detalló acerca de las órdenes de allanamiento y detención recientes y explicó que se están investigando varias causas separadas, aunque relacionadas, que involucran a distintos líderes piqueteros. 

Un tema central es la posible implicación de altos funcionarios del gobierno anterior, especialmente en lo que refiere al IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular), en la aprobación y supervisión de estos fondos. 

El martes 1 de abril, la Justicia Federal detuvo a  Juan Carlos Rolón ("La Roca Sólida"), Diego Armando Rolón, Marcos Antonio Cáceres y Lucas Alexis Torales Cordero, arrestos que fueron el resultado de distintos allanamientos -realizados en 22 propiedades de Resistencia, Colonia Tacuarí y Misiones- que permitieron, además, incautar $10.5 millones en efectivo, armas, 14 vehículos y ganado.

Este jueves, al aire de Alerta Urbana, Sabadini señaló que se sospecha que lo investigado es una pequeña parte de un problema mayor relacionado con la inyección de dinero público en diversas organizaciones sociales, entre ellas cooperativas y fundaciones.

Y aclaró que posiblemente existieron entidades que sí cumplieron una función social real, pero que sus averiguaciones se centran en aquellas que no lo hicieron y en la posible complicidad estatal.

El fiscal dijo que los fondos provenientes del Estado son la plataforma inicial y base fundamental de la investigación, respaldada por inconsistencias en facturaciones detectadas con la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (hoy ARCA).

Finalmente, y respecto de posibles condenas a los imputados, advirtió que en caso de ser encontrados culpables por lavado de dinero agravado por habitualidad, la pena podría ser de un mínimo de 4 años y 6 meses y un máximo de 15 años, todo al tratarse de un delito no excarcelable .

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

 

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