El 12 de marzo de 2025, una protesta convocada en defensa de los derechos de los jubilados se transformó en un violento enfrentamiento en el Congreso. La manifestación, impulsada por agrupaciones a través de redes sociales, registró serios disturbios que escalaron en violencia entre la policía y los manifestantes.  Hubo 124 detenidos y más de 40 heridos. El fotógrafo Pablo Grillo sigue internado, grave, herido por un cartucho de gas lacrimógeno.

A pesar de las duras críticas a la forma en que se llevó a cabo el operativo de las fuerzas de Seguridad, el Gobierno desestimó su responsabilidad por heridos como Grillo y dirigió el eje de discurso al gremialismo y su supuesta vinculación con posibles infiltrados de barras de fútbol que habrían desatado la violencia. En este marco, el Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich presentó una denuncia por los delitos de sedición, atentado al orden Constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Además, pidió a la Justicia que "se requiera la declaración de incompetencia por 'inhibición'" a la jueza que liberó a los detenidos.

GREMIALISMO

Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, uno de los principales organizadores de los disturbios fue Leandro Capriotti, quien tiene estrechos vínculos con el histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo. Este dato sugiere una mezcla peligrosa entre el fútbol, el gremialismo y la política en la organización de la violencia.

Los grupos de barras bravas provenientes de municipios como La Matanza y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, llegaron al Congreso bien preparados para el enfrentamiento. Armados con palos, cuchillos y otros objetos contundentes, los manifestantes se enfrentaron violentamente a las fuerzas de seguridad, demostrando que la violencia fue premeditada y organizada. Los agresores tenían claro su objetivo: generar caos, represión y desestabilizar el orden institucional.