La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén López Macé, ordenó la citación a declaración indagatoria de Marta Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial y otras siete personas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y lavado de activos.

Soneira, quien también fue presidenta del Instituto de Colonización, deberá comparecer el 16 de abril, junto a seis empresarios agropecuarios, entre ellos su pareja y dos de sus hermanos, y Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Amad, apunta a presuntos delitos de fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Según la acusación fiscal, Soneira habría adjudicado ilegalmente cuatro inmuebles fiscales, que suman alrededor de 3.600 hectáreas, a personas de su círculo íntimo. Además, se la acusa de haber violado la ley de Ética Pública al actuar simultáneamente como presidenta del Instituto de Colonización y secretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial.

La investigación también abarca a los empresarios Mauricio Cian, Nelson Pochón, Diego Soneira, Federico Storti, Federico Soneira y Leandro Bessone, quienes serán indagados por presuntos delitos de fraude a la administración pública y lavado de activos agravado.

Por su parte, Darío Giménez Osvaldo, ex delegado de Colonización en Pampa del Infierno, será indagado por los delitos de fraude a la administración pública, lavado de activos agravado en calidad de partícipe necesario, y abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

El fiscal le imputó a Soneira los delitos de poner en circulación, administrar, vender y transferir, con habitualidad, fondos de procedencia ilícita, a través de distintas personas físicas y jurídicas, integrando una organización criminal, aprovechando su rol como funcionaria pública.

También la ubica como autora penalmente responsable en los distintos hechos de corrupción, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e Incumplimiento de deberes de funcionaria pública, relacionados con la entrega de tierras fiscales a distintas personas que forman parte de su vínculo más íntimo