El fiscal federal general Carlos Martín Amad ha presentado recientemente un requerimiento formal de elevación a juicio ante la justicia federal contra Liliana del Carmen Pascua, actual intendenta de Enrique Urien. 

El pedido, fechado el 3 de marzo de 2025, se basa en la acusación de defraudación contra la administración pública, previsto en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal.

Según la investigación, Pascua cobró indebidamente una Pensión No Contributiva por Invalidez (PNC) entre septiembre de 2009 y diciembre de 2013. 

Lo relevante para la acusación es que asumió como intendenta el 9 de julio de 2013 y, a pesar de ello, continuó percibiendo la PNC hasta diciembre de ese año. 

El fiscal Amad destaca que, como jefa comunal, Pascua recibía un sueldo que superaba ampliamente el límite de tres haberes jubilatorios mínimos establecido por la ley, lo que la hacía incompatible con la percepción de la pensión por invalidez.

El requerimiento de elevación a juicio subraya la "doble moral e inescrupulosa actitud" de Pascua, quien, a pesar de ser funcionaria pública y cobrar un salario, siguió extrayendo los fondos de la PNC depositados por el Estado Nacional. 

Se detalla que, incluso después de presentar una solicitud de renuncia a la pensión en septiembre de 2013, la baja del beneficio se efectivizó recién en diciembre, y durante ese período, Pascua continuó realizando extracciones de la cuenta bancaria en que se depositaba la PNC.

El fiscal considera que existen suficientes elementos probatorios para acreditar la comisión del delito de defraudación, al haber Pascua incurrido en un "ardid o engaño contra el Estado Nacional" al cobrar de manera simultánea su sueldo como Intendenta y la Pensión No Contributiva por Invalidez, incumpliendo la normativa vigente. Por lo tanto, solicitó formalmente que la causa sea elevada a la etapa de juicio para que Pascua responda por este hecho ante la justicia.