Trabajadores de la Cooperativa Carval se manifestaron este lunes frente al Palacio de Tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial del Chaco en rechazo a la medida dictada por el juez Hugo Aguirre, quien ordenó la clausura de la desmotadora de algodón que funciona dentro del ejido de Villa Ángela. 

La decisión judicial responde a denuncias de vecinos que alegan problemas de contaminación ambiental.

Según explicó -en diálogo con el corresponsal de Alerta Urbana-  Roberto Guzowzky, integrante de la comisión directiva de la cooperativa, el fallo judicial impide el inicio de las tareas de desmote de algodón, afectando directamente a casi 60 familias que dependen de la actividad. 

"Nosotros realizamos todos los estudios de impacto ambiental y nunca se determinó que generemos residuos contaminantes. Lo que se obtiene de la desmotadora es material vegetal, que se utiliza en la alimentación ganadera. Esta decisión nos deja sin posibilidad de trabajar y sin sustento a muchas familias", declaró Guzowzky.

El fallo judicial, emitido el 12 de diciembre, ordenó el cese de actividades de la planta y estableció sanciones económicas en caso de incumplimiento. Sin embargo, la cooperativa apeló la medida al considerar que es arbitraria y que otras desmotadoras en la región continúan operando sin restricciones.

El magistrado Hugo Orlando Aguirre, titular del Juzgado Civil y Comercial 1 de Villa Ángela, dictaminó la prohibición del inicio de la campaña de desmote, atendiendo a planteos hechos por vecinos que expusieron casos de contaminación y denuncias de diversas características.

Por su parte, un representante del gremio Stadyca (Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco), que agrupa a los trabajadores de la industria del algodón, afirmó que la decisión no solo afecta a las familias empleadas directamente, sino que también impacta a unas 200 personas que dependen de la actividad de manera indirecta. 

"La cooperativa ya inició gestiones para trasladar la planta a otra ubicación, pero ese proceso lleva tiempo y requiere recursos. Mientras tanto, los trabajadores necesitan su salario para subsistir. No vamos a permitir el cierre de la desmotadora", aseguró el sindicalista.

El conflicto ha generado un fuerte debate en la comunidad, con posturas divididas entre los que defienden la actividad laboral y quienes insisten en que la planta debe cesar sus operaciones por razones ambientales. La situación aún está en manos de la Justicia y se espera que en los próximos días haya nuevas resoluciones que definan el futuro de la cooperativa y sus trabajadores.

Carval es una cooperativa cumplió 82 años de vida, y desde 1997 según consta en las actuaciones, los vecinos vienen planteando la necesidad que la institución se traslade a las afueras de la ciudad, donde no contamine a los pobladores.

A raíz de este reclamo, finalmente, el juez Aguirre prohibió la actividad de desmote de Carval al considerar que su actividad contamina con fibrilla y otros desechos del proceso industrial al barrio.