Luego de que la Justicia confirmara la existencia de pagos arbitrarios y trato desigual en la asignación de bonificaciones, ahora trascendidos a los que tuvo acceso Alerta Urbana indican que expertos en derecho constitucional y administrativo advierten que el Fiscal de Estado podría ser sometido a juicio político, o bien debería presentar su renuncia, ante la gravedad de las irregularidades detectadas.

El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (sentencia N° 11/2025) mostró que la Fiscalía de Estado aplicó criterios arbitrarios en la liquidación de la Bonificación por Dedicación (código 120), pagando un 50% a algunos agentes y apenas un 25% a otros con idénticas funciones y responsabilidades.

Sin embargo, el escándalo se agrava al comprobarse que funcionarios de alto rango, incluyendo al fiscal de estado, subfiscales y otros jerárquicos, perciben bonificaciones superiores al 50%, sin cumplir la misma carga horaria que el resto de los agentes y sin justificar de manera documentada la mayor dedicación horaria o tareas extraordinarias que ameriten ese privilegio salarial.

Según especialistas en derecho público, la Constitución de la Provincia del Chaco, en su artículo 148, establece que el Fiscal de Estado puede ser sometido a juicio político por:

•             Mal desempeño de sus funciones.

•             Incumplimiento de sus deberes legales.

•             Comisión de delitos en el ejercicio del cargo.

En este caso, la falta de transparencia, el manejo discrecional de fondos públicos, la discriminación salarial arbitraria y la negativa sistemática a brindar información pública sobre los criterios de liquidación de bonificaciones constituyen causales suficientes para configurar mal desempeño e incumplimiento de deberes legales, habilitando el pedido de juicio político.

El principio de igualdad y el uso honesto de los recursos públicos, en juego

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 16 de la Constitución Provincial consagran el principio de igual remuneración por igual tarea. Sin embargo, la propia Justicia chaqueña determinó que en la Fiscalía de Estado se violó sistemáticamente este principio, favoreciendo a ciertos funcionarios con pagos diferenciados sin justificación objetiva.

Además, la Ley 1774-B de Acceso a la Información Pública de la provincia garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se manejan los recursos estatales. La negativa del Fiscal de Estado y sus colaboradores a brindar copias de las resoluciones por las cuales se autoasignaron bonificaciones superiores, refuerza la sospecha de irregularidades y consolida la causal de mal desempeño.

A pesar de los reiterados pedidos de la prensa, el Fiscal de Estado y los funcionarios de alto rango se han negado a explicar cómo y por qué perciben bonificaciones superiores al 50%, mientras la mayoría de los profesionales y administrativos del organismo son relegados a un 25% por la misma tarea.

La negativa a exhibir los instrumentos públicos que justificarían estos pagos, abre varios interrogantes, por ejemplo, sobre si se busca esconder un mecanismo discrecional de privilegios, o ¿por qué el Fiscal de Estado y sus funcionarios de confianza se niegan a publicar las resoluciones internas que justifican el pago de bonificaciones superiores al 50%?

Además se generan dudas sobre cómo explican que funcionarios jerárquicos cobren adicionales sin registrar asistencia, sin control horario y sin acreditar tareas extraordinarias, sobre los criterios utilizados para otorgar y fijar esas bonificaciones, y el rol que cumplen la Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas y la Auditoría General ante esas maniobras

Fuentes anónimas plantean que en una provincia donde los fondos estatales son escasos y los trabajadores deben enfrentar constantes ajustes, la existencia de un sistema de privilegios salariales opacos es inaceptable.

“La ciudadanía merece respuestas claras y la garantía de que el manejo de los fondos públicos será transparente, equitativo y ajustado a derecho. ¿Iniciarán los legisladores el camino hacia el juicio político o el Fiscal de Estado dará un paso al costado antes de que el escándalo escale aún más?”, se pregunta.

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

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