El gobierno nacional anunció que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se concretará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La decisión, justificada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca evitar el tratamiento legislativo y acelerar el proceso, en un contexto de fuerte ajuste y crisis social. Según el funcionario, el kirchnerismo habría dilatado la aprobación del acuerdo en el Senado, lo que motivó eludir el debate parlamentario.

Caputo argumentó que la medida es indispensable para fortalecer la política económica y consolidar el ajuste que lleva adelante la administración de Javier Milei. En su habitual tono confrontativo, el ministro aseguró que “el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal”, en una declaración que busca responsabilizar a la oposición de cualquier obstáculo que enfrente el oficialismo. Sin embargo, eludir el Congreso no solo evita trabas, sino que también impide el debate democrático sobre las condiciones del acuerdo.

El funcionario destacó que el nuevo pacto con el FMI contribuirá a consolidar el superávit fiscal y fortalecer las reservas del Banco Central. No obstante, omite mencionar que este acuerdo, como tantos anteriores, implica mayores exigencias para la economía argentina. Mientras el gobierno insiste en que no se trata de más deuda, economistas críticos advierten que se profundiza la dependencia del organismo multilateral y se consolida un esquema de ajuste permanente.

El nuevo desembolso del FMI, cuyo monto exacto aún debe aprobarse, es presentado como un respaldo al modelo económico libertario. Según Caputo, con este acuerdo se eliminarán los “papelitos de colores” que hoy respaldan los pesos en el Banco Central, reemplazándolos por dólares. Sin embargo, la falta de detalles sobre las condiciones impuestas por el FMI genera incertidumbre sobre su verdadero impacto en la economía real.

Lejos de convocar a un consenso político y social para un tema de tal relevancia, el gobierno opta por la vía unilateral. El uso del DNU no solo evita la discusión legislativa, sino que refuerza un estilo de gestión basado en la imposición de medidas sin diálogo. Mientras tanto, la sociedad enfrenta los efectos del ajuste con una inflación persistente y caída del poder adquisitivo, en un escenario donde las recetas del FMI han demostrado históricamente su ineficacia.

La administración Milei sigue apostando a la ortodoxia económica, convencida de que el mercado resolverá los desequilibrios estructurales. Sin embargo, las señales que envía a los sectores productivos y trabajadores no son alentadoras. Con un endeudamiento creciente, un Estado cada vez más reducido y una economía en recesión, la pregunta es hasta cuándo podrá sostenerse este modelo sin generar un impacto social aún mayor.