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LEGISLATURA

6 de marzo de 2025

Candidatos a la Defensoría del Pueblo expusieron sus propuestas

Diputados comenzarán a analizar las alternativas.

Con una amplia participación la Cámara de Diputados concretó este jueves la Consulta Pública para evaluar antecedentes y propuestas de los postulantes a Defensor del Pueblo provincial y Adjunto. Dando cumplimiento a la Ley 843-A, la audiencia se concretó en el Recinto de Sesiones, encabezada por la Comisión de Legislación General, y la participación de una gran cantidad de vecinos y vecinas que escucharon las exposiciones y consultaron a los candidatos sobre sus propuestas.

 

La mesa de apertura estuvo a cargo de los diputados Darío Bacileff Ivanoff, Maida With, María Pía Chiacchio Cavanna, Tere Cubells, Sebastián Lazzarini, Zulema Wannesson, Silvina Canteros Reiser; Iván Gyoker; Nicolás Slimel; Analía Flores y Gladys González. Tal y como lo plantea la normativa, cada candidato hizo uso de los 10 minutos que le corresponde para presentar su candidatura y propuestas.

 

Los legisladores y el público presente escucharon las razones, fundamentos y plataformas de cada uno de los aspirantes y candidatos, y luego los ciudadanos inscriptos hicieron preguntas y apreciaciones respecto a lo expuesto por los mismos.

 

Lo recogido en la jornada de consulta, tanto lo expuesto por los postulantes como los aportes de los ciudadanos particulares que prestaron su adhesión y objeciones a los mismos, serán girados por la Comisión al cuerpo legislativo para su consideración. Cabe recordar que para ser designados como Defensor del Pueblo y Adjunto los candidatos necesitan un consenso de 22 votos de los 32 legisladores.

PROPUESTAS

Roberto Claudio Sotelo, abogado, se propuso  como Defensor del Pueblo para “romper con la desigualdad instalada en la sociedad”, y “construir una alternativa que asegure los derechos de cada chaqueño”.  Se autorreferenció con vocación, convicción y compromiso por los derechos humanos. Propuso tres ejes de gestión: fortalecimiento institucional; la extensión del Instituto del Defensor del Pueblo; y transparencia del organismo, con políticas de fortalecimiento y control.

 

Patricia Ludueña, abogada, contó que su interés por ser Defensora del Pueblo es ante la necesidad de “que todos sean escuchados”. Propuso la descentralización del organismo y fundamentó: “Los problemas no sólo están en Resistencia, existe el interior. Quiero darle mayor participación al Defensor, para acompañar y llevar la voz de todos los ciudadanos. Camino la provincia y conozco el interior”.

 

Martin Humberto Vega, abogado, se comprometió de ser Defensor del Pueblo, a “dar participación a la ciudadanía, que sean escuchados y poner en conocimiento del pueblo todo lo atinente a sus derechos”. A “establecer un nuevo paradigma y organización desde el punto de vista ciudadano, para que puedan expresar sus dudas y pedidos de forma anónima, sin discriminación”. Y subrayó que el Defensor “no debe ser un funcionario de escritorio , sino salir a caminar la calle y escuchar a los vecinos”.

 

Laureana García, contadora pública, expuso: “Mi propuesta para la gestión es optimizar la figura del defensor del pueblo y que sea un espacio destinado a la protección de derechos, emitir opiniones en temas  de interés público como agua, respaldar el derecho al ambiente sano , agua segura, libre acceso a la información ambiental, promover la acción y garantía de los derechos de los jubilados”. También remarcó la necesidad de abordar temas como “seguridad e higiene en el trabajo, defender los derechos de los aborígenes, agilizar la atención de reclamos, recorriendo la provincia para atender la demanda de  cada chaqueño”.

 

 

Néstor Sotelo, abogado, trabajador de la Legislatura, ex diputado, resaltó su trabajo en estamentos públicos como la Legislatura, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Desarrollo Social,  lo que le otorga un conocimiento de la provincia del Chaco. “Es imprescindible conocer a los actores políticos y sociales para encontrar los puentes de resolución para la construcción de una sociedad en paz”, expresó. Dentro de sus propuestas está la de  fortalecer la estructura de la Defensoría con recursos económicos y ordenar los recursos humanos. Asimismo, volcar su experiencia, conocimiento del territorio y formación académica en materia de resolución de conflicto.

 

Mónica Cardozo,  trabajadora social, enfermera y bombera voluntaria, resaltó que sus labores le hicieron estar cerca del que más necesita, del que no tiene voz. Explicó que tiene hijos adoptivos, y por eso pidió un lente especial para el seguimiento a las instituciones y hogares de niños, dependientes de la provincia y de la sociedad civil. En ese sentido remarcó la responsabilidad del cuidado de los niños, adolescentes, personas con discapacidad  y ancianos por su vulnerabilidad.  Trabajar con responsables de estas áreas, sugiriendo acciones  y presentando  informes.

 

Martin Marín, abogado, actualmente trabaja en la Defensoría, manifestó que viajó por todo el territorio, a lugares complejos y que eso le hizo tener otra mirada de la realidad. “El Defensor tiene que ser una persona técnicamente preparada para saber de entrada cómo atender distintas situaciones. Practica de escuchar y entender legalmente la situación”. Remarcó que se debe tener la capacidad de hacer con pocos recursos e intentar hacer lo más posible. Optimizar los recursos humanos y operativos para dar una solución. Estar presente. El defensor del pueblo debe ser práctico, resolutivo y colaborador crítico del Estado.

 

Juan Diego Altabe, abogado y docente, insistió en defender los intereses del pueblo. “La política no debe meterse en las acciones del Defensoría.  El Defensor del Pueblo debe ser colaborativo con el Estado pero no debe olvidarse de su función esencial, no defiende intereses partidarios y políticos, defiende al pueblo.  Conozco los estamentos del Estado para cumplir una digna función”, fundamentó.

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