Esta solicitud fue presentada en respuesta a un requerimiento de la jueza Loretta Preska, quien dictaminó que el país debe pagar una indemnización de US$ 16.000 millones.

La magistrada pidió tanto al Gobierno argentino como a los beneficiarios del fallo que opinaran sobre la presentación de la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), representada por el abogado Fernando Irazu. La semana pasada, esta ONG solicitó intervenir en el caso y anular la sentencia millonaria. Se espera que la jueza tome una decisión al respecto antes del viernes 28 de febrero.

En su respuesta, el Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, reiteró su compromiso con la investigación de la compra de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi. También expresó su voluntad de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en cualquier indagación que pueda esclarecer los hechos relacionados con este proceso.

No obstante, aclaró que esta colaboración no implica renunciar a su postura de que los tribunales estadounidenses no son el ámbito adecuado para dirimir este conflicto.

La defensa del Estado argentino está en manos del subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, debido a que el procurador Santiago Castro Videla se excusó de intervenir. Desde el Ejecutivo destacaron que han asumido la defensa del país en una etapa procesal avanzada y sobre hechos en los que ninguno de sus miembros participó. En este contexto, afirmaron que buscarán todas las alternativas posibles para revertir la sentencia o mitigar su impacto.