La acción penal, presentada este jueves, es contra la Asociación de Internados del Hospital Nacional Baldomero Sommer, ubicado en General Rodríguez. El lugar fue fundado en 1941 para la asistencia de personas con lepra.

La lepra es una enfermedad curable, pero robarles recursos a los que menos tienen parece una patología que cuesta erradicar en la Argentina. Desde que Mario Lugones asumió en el Ministerio de Salud, la decisión de esta cartera es que no haya lugar para negocios, a la vez que se busca que los recursos de los argentinos no se dilapiden y se ofrezcan mejores servicios de salud

Ahora, el director del Hospital Nacional Baldomero Sommer, un gigantesco polo/colonia de salud pública de casi 300 hectáreas ubicado en General Rodríguez, denunció a la Asociación de Internados. El lugar nació en 1941 para la asistencia de pacientes con la enfermedad de Hansen-Lepra.

La acción penal presentada este jueves denuncia que esa Asociación estableció un sistema de administración que perjudica tanto a los pacientes como al Estado, que aporta los fondos públicos para su asistencia directa. La lepra se cura desde 1980. Simplemente, se sigue un tratamiento médico que se basa en la administración de una combinación de ATB durante 24 meses. Pero el análisis de los registros del Hospital Sommer, remitido a la justicia por las autoridades del lugar, permite sospechar que habría cientos de pacientes “fantasma” que están curados o que directamente nunca existieron.

“Se detectaron y eliminaron severas irregularidades en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa de este jueves. El funcionario apuntó contra la Asociación de Internados, que no cuenta con la intervención de las autoridades del hospital.

HISTORIA

El Sommer nació con los conceptos de atención de la lepra del siglo XIX. Pero en esta centuria, los vericuetos legales pensados por campeones semánticos de la salud pública, deja al descubierto una trama para robarles a los pobres. La marginación y el aislamiento compulsivo de pacientes, aún de por vida, dictado hace casi 100 o 200 años, responde a los lineamientos de la ciencia médica de esa época. Hoy están perimidos.

Algunas de las maniobras denunciadas penalmente contra la Asociación de Internados son: Obligar a los pacientes a asociarse, debitándoles automáticamente una cuota social de la remuneración que les paga el Estado. Ofrecer créditos con tasas usureras que debitan automáticamente del sueldo. Administrar el uso de viviendas dentro del predio del Hospital. Quitarles totalmente el sueldo a pacientes con capacidades mentales reducidas y llevarse la comida del hospital para los mismos integrantes de la Asociación.

La denuncia penal contra la Asociación de Internados pide investigar irregularidades en la asignación y administración del terreno y viviendas que son propiedad del Estado. Según la denuncia, de las 192 viviendas disponibles, 130 estarían ocupadas por 150 enfermos de Hansen (algunas casas son compartidas), mientras que 62 estarían ocupadas por personas sin lepra.

Según la denuncia, la asociación explota parte de las 300 hectáreas con actividades ganaderas: hay 100 vacas y 50 caballos y ninguna autorización ni balance del resultado de esa situación.

PLATA Y PODER

De acuerdo con la denuncia, la Justicia investiga si hubo retención y distribución arbitraria de fondos. La situación quedó en evidencia cuando la actual dirección del hospital trató de bancarizar los pagos. En contrapartida, los integrantes de la Asociación de Internados denunciaron persecución y boicot a la salud pública.

La denuncia contra la asociación pide investigar si hubo pedido de sobornos para aceptar mercadería de acuerdo con el testimonio de seis proveedores que dijeron que tuvieron que devolver a sus depósitos lácteos y verduras “rechazados por no cumplir con estándares bromatológicos”.