Luego de conocerse el proyecto del gobierno nacional de desregular por completo el servicio de playa en las estaciones de servicio, expertos en leyes provinciales advirtieron por un fuerte rechazo a cambios en la normativa, especialmente en el interior.

De acuerdo con la palabra de especialistas, en la Argentina son varias las provincias que prohíben expresamente el autodespacho de combustibles. 

Al respecto, el abogado Francisco Turzi de Turzi Estudio de Abogados, sostiene que si bien hay que esperar la publicación oficial de la medida “un decreto presidencial que regule el autoexpendio en Argentina debe analizarse en el marco de las competencias federales y provinciales establecidas por la Constitución Nacional”.

Según el artículo 75, el Gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre comercio interjurisdiccional, transporte, energía y seguridad nacional, mientras que las provincias conservan las competencias no delegadas (artículo 121). 

El expendio de combustibles, por su impacto en la seguridad pública, el transporte y el comercio, se considera de interés federal, aunque su implementación operativa podría ser una cuestión provincial.

Un decreto presidencial puede adoptar diversas modalidades: ser reglamentario (si desarrolla una ley nacional existente), de necesidad y urgencia (DNU, para situaciones excepcionales y con posterior aprobación del Congreso) o simple. 

Su validez dependerá de su conformidad con la Constitución y las leyes nacionales. Por ejemplo, un decreto que reglamente el autoexpendio bajo la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319) podría prevalecer sobre legislaciones provinciales, ya que trataría una materia federal. Sin embargo, si contradijera leyes provinciales en áreas no delegadas, como regulaciones locales de seguridad o medio ambiente, podría ser impugnado.

En caso de conflicto, el asunto podría judicializarse y llegar a la Corte Suprema, que resolvería en función de la distribución constitucional de competencias. Precedentes jurisprudenciales indican que la Nación prevalece en cuestiones interjurisdiccionales, pero las provincias mantienen autonomía sobre actividades dentro de su territorio.

“En conclusión, un decreto presidencial podría prevalecer sobre leyes provinciales si regula una materia federal o desarrolla una ley nacional existente, pero la implementación y fiscalización local dependerían de las provincias, y cualquier conflicto sería sujeto a revisión judicial”, resumió Turzi.

Fuente: surtidores.com.ar.