La condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad fue confirmada este miércoles por la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo aún no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema como última instancia. Justamente por esta razón la titular del PJ no irá a prisión y el año que viene podría ser candidata en los comicios legislativos. Sin embargo, este escenario electoral podría cambiar radicalmente si en el Congreso avanza el proyecto de Ficha Limpia.

El proyecto, que tiene apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, impide a los políticos con condena firme por casos de corrupción ser candidatos a cargos nacionales. Si bien el panorama luce favorable para el oficialismo y sus aliados, los votos todavía no están asegurados y las negociaciones continúan. Al ser un tema electoral, se necesita una mayoría especial de 129 votos.

El dictamen de mayoría establece que la inhabilitación para ser candidato correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. En este caso, la confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.

En ese sentido, quedarían incluidos los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Esta es una de las principales diferencias con el dictamen de minoría que firmaron los diputados de Democracia para siempre (radicales) que era más estricto en cuanto a requerir solo un fallo de primera instancia pero también era más amplio al incluir todos los delitos con penas mayores a tres años. Según explicaron, un delito de corrupción debería ser igual de invalidante para ejercer la función pública que, por ejemplo, la tenencia de pornografía infantil.

Esta diferencia podría resultar clave para la sesión del próximo miércoles dado que los libertarios y sus aliados no llegan automáticamente al quórum y necesitarán sumar a los radicales disidentes, al bloque de Miguel Ángel Pichetto y fuerzas provinciales para llegar a los 129. Una moneda de cambio bien podría ser ampliar la lista de delitos contemplados.

En el bloque Encuentro Federal todavía no unificaron una posición y reconocen que es probable que den libertad de acción. A modo de ejemplo, el propio Pichetto plantea que las sentencias deben quedar firmes por la Corte Suprema, mientras que Margarita Stolbizer coincide con la mirada oficialista.

Por su parte, el peronismo presentó un dictamen de minoría que aclara que las condenas quedan firmes únicamente cuando la última instancia se expide, es decir la Corte Suprema. Además, suma a la lista diferentes delitos económicos.

“Es una prioridad porque es un tema de la mayor importancia para nuestros principales aliados”, señalaron en las filas libertarias. No obstante, el comentario aclara que no se trata de una prioridad para el oficialismo y, de hecho, dejaron saber que por el momento no está contemplado tratarlo en el Senado en sesiones extraordinarias. Es decir, si el próximo miércoles avanza la media sanción, la aprobación definitiva quedará para el año que viene.