El Gobierno dictó este martes la conciliación obligatoria por 15 días, con posibilidad de una prórroga, en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras las medidas de fuerza adoptadas por sus trabajadores luego de la reconversión de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La medida fue anunciada por la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y convocó a las partes a una audiencia para el próximo lunes a las 11.

Las autoridades exhortaron a los gremios que nuclean a los trabajadores del organismo a terminar con las medidas de fuerza, que este martes se tradujo en un paro de actividades durante cuatro horas, ya que "obstaculizan el normal funcionamiento del órgano recaudador".

"Resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado", indicó la resolución oficial.

Cuando habían pasado tres días del anuncio sobre la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno oficializó la medida en el Boletín Oficial.

Según el decreto 953/2024, el Gobierno estableció como objetivos de la decisión "eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social" para lo cual "deviene necesario disolver la AFIP y crear la ARCA como ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, que, con una estructura simplificada, contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones”.

Según relató oportunamente el vocero Manuel Adorni "se procederá a la desvinculación de 3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno", argumentó la Oficina del Presidente.

Se trata de un recorte del "15% de la dotación actual", algo que el Ejecutivo considera "un paso imprescindible para desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos".

También se reducirán salarios de los altos cargos del organismo y se buscará "la destrucción de circuitos corruptos", según el Gobierno.