En medio del debate por su financiamiento, un informe reveló que las provincias aportaron 3 de cada 4 pesos que fueron invertidos en educación durante los últimas cuatro décadas. Así lo refleja el informe “Evolución del financiamiento educativo”, realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. Entre 1980 y 2022, la inversión provincial en el sector creció un 292%, mientras que la de Nación aumentó un 30%.

El documento analiza cómo evolucionó la inversión en educación entre 1980 y 2022 utilizando la serie histórica del Gasto Público Consolidado (GPC) del Ministerio de Economía en términos porcentuales respecto al PBI y en valores reales, cuánto aportan al financiamiento la Nación y las provincias, y cómo se reparten los fondos entre los distintos niveles educativos.

Por su parte, el financiamiento educativo cayó a principios de los años ‘90, en 2002 y 2003, mientras que desde 2004 se registró un incremento del gasto que se refuerza en los años 2005 y 2006, con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, las cuales establecieron la obligación de invertir un 6% del PBI en educación.

De todas maneras, dicha meta sólo se cumplimentó en 2009, 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología), mientras que en educación fue en 2015. "A partir del año 2005, el crecimiento del gasto real por alumno en educación básica superó el incremento de la matrícula: en otras palabras, hubo un aumento de la inversión más allá de la expansión del sistema educativo", señala el informe.

En la comparativa, la inversión estatal en universidades y educación superior no universitaria creció sostenidamente más que la destinada a la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) desde la ley de transferencia de los servicios educativos (1992), cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas.

Alejandro Morduchowicz, coautor del estudio, afirmó que el trabajo "permite ver con claridad cómo evolucionó el financiamiento de la educación en distintos momentos políticos claves de la Argentina desde la vuelta de la democracia: la caída de los recursos de inicios de los ‘80 debido a la crisis de la deuda, los vaivenes generados por la transferencia de las escuelas secundarias y la posterior aplicación de la Ley Federal de Educación, la crisis de 2001, la Ley de Financiamiento Educativo y las restricciones fiscales de los últimos años”.

“Los datos muestran la poca estabilidad de los recursos para educación, lo que dificulta cualquier tipo de programación de políticas a largo plazo”, señaló.

En el mismo sentido, luego agregó: "El informe constituye un aporte valioso para reflexionar sobre las perspectivas a futuro en un momento en que se están redefiniendo el rol del Estado nacional y las responsabilidades provinciales en materia de financiamiento sectorial”.