El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió por unanimidad a Lázaro Báez en el marco de una causa por presunta evasión de impuestos en el Chaco.

El tribunal integrado por Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero consideró válidos los planteos y evidencias que presentaron los defensores de Báez, Juan Villanueva y Ariel Liniado, durante la instancia oral, y rechazó los pedidos para condenar al presunto testaferro de la familia Kirchner a 9 años de prisión, como había pedido la Fiscalía, o hasta 18 años de prisión, como había reclamado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Tras dar a conocer ayer su veredicto, el TOF informó que el 30 de octubre difundirá los fundamentos de la sentencia, que podrá ser recurrida por la Fiscalía, la AFIP y Báez y el resto de los acusados –si así lo consideraran necesario- ante la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en Buenos Aires.

“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. 

El juicio oral se inició a principios de este año tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas, varias de las cuales reclamaba la defensa de Báez; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.

Báez afrontó el juicio oral junto a otros cuatro acusados: su socio en la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani y ex senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani –quien falleció días atrás-; el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos; y el abogado y exadministrador de la constructora, Jorge Chueco.

Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización- con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrellevó un embargo de $3 millones.

Fuente: La Nación.