Los miembros de la Cámara Baja votaron ayer un nuevo sistema de haberes para jubilados. Los bloques opositores alcanzaron un acuerdo y el Gobierno no logró mantener su régimen impuesto por decreto.

El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.

A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Los espacios de la oposición llegaron a la sesión con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.

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