El registro oficial da cuenta de un muerto cada dos horas. Y las organizaciones especializadas dicen que esa estadística espeluznante se queda corta. Que en realidad cada día mueren entre quince y veinte personas víctimas de algún siniestro vial en algún rincón de la Argentina. Que el subregistro oficial es porque todavía no se contempla como una víctima fatal de un siniestro vial a quien, en vez de morir en las primeras 24 horas tras ese hecho, permanece con vida unos días o semanas más pero igual pierde la vida a causa de ese episodio.

La que explica el matiz que devela que las 12 muertes diarias registradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en 2023 son menos que las reales es Viviam Perrone, histórica referente de la Asociación Madres del Dolor. La impulsó junto a otras mujeres hacia 2004, dos años después de que un auto atropellara y asesinara a su hijo, Kevin, de 14 años, en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, sobre la Avenida Del Libertador. Kevin, que murió una semana después de que lo atropellaran, no fue contemplado oficialmente como una víctima vial.

Es Viviam Perrone, también, quien pone blanco sobre negro sobre el escenario cotidiano de la seguridad vial: “De repente alguien se pone a seguir lo que está pasando en términos de hechos viales y puede sentir que está ante una racha de días en los que todos los días pasa algo. Pero lo cierto es que, justamente, cuando ponés tu mirada sobre estos hechos notás que no es una racha: todos los días pasa algo”.

Un repaso de las noticias (viales) de las últimas semanas le da la razón. Hace apenas unos diez días una nena de diez años y su mamá de 44 murieron aplastadas por el container que trasladaba un camión que transitaba por Panamericana. Ese mismo día, aunque con consecuencias más leves, dos colectivos -de las líneas 93 y 176- chocaron en Chacarita y hubo casi una veintena de heridos. Apenas unos días después, la descompensación de un conductor de la línea 71 desencadenó que el colectivo impactara contra un poste y hubiera cinco heridos.

Más acá en el tiempo, el martes, el acoplado de un camión quedó colgando de la Autopista 25 de Mayo, casi llegando a Constitución: que el container transportado estuviera vacío -y por lo tanto liviano- y que fuera demasiado temprano como para que hubiera mucha gente circulando debajo de la autopista conspiraron a favor de que el episodio no se convirtiera una tragedia. Este miércoles, un hombre de 41 años murió tras el choque entre su auto y un colectivo en Campo de Mayo. Y la lista sigue.

A esos episodios que involucran autos, colectivos, camiones, motos y peatones, se suman otros escenarios en los que los usuarios de transporte -ferroviario y público, en este caso- ven su integridad en riesgo: el 10 de mayo una formación del ferrocarril San Martín impactó contra una locomotora frenada en un puente sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Hubo heridos, traslados en helicóptero y una explicación: que el robo de cables había vulnerado el sistema de comunicación entre formaciones, y que eso se estaba haciendo de manera más artesanal y, por ende, más falible. Diez días después, un fallo eléctrico en una formación del ferrocarril Roca a un kilómetro y medio de Constitución obligó a cientos de usuarios a caminar por las vías, exponiéndolos al tendido eléctrico y a la circulación de otras formaciones.

Parece “una racha” pero es el escenario estable de la vialidad en la Argentina. Según el último informe de la ANSV, en 2023 hubo 4.369 víctimas fatales en siniestros viales: de ahí se desprenden las doce muertes diarias. El registro se mantiene estable en el último trienio: cada año hubo entre 4.350 y 4.600 fallecimientos tras un hecho vial, cifra que implica una baja respecto del máximo desde que se lleva registro, en 2008; fue en 2017, año en que se produjeron 5.611 muertes.

Una de cada dos víctimas fatales murió tras un siniestro en la ruta, y en la mitad de los casos esas muertes son luego de una colisión. El vuelco y el atropello a un peatón son los motivos que siguen en la lista, aunque con una incidencia bastante menor respecto de la colisión. El 46% de los siniestros viales se producen de día y el 48% se produce de noche, sobre el 6% restante no hay datos suficientes.

Tal vez contra lo que podría indicar el sentido común -por las velocidades máximas permitidas en cada caso-, hay más muertes en calles que en avenidas. El 75% de quienes fallecen son varones y el 21% son mujeres, e históricamente la franja etaria más afectada es la que va de los 15 a los 34 años: en ese segmento se concentran casi cuatro de cada diez muertes.

“Es urgente que haya todo el tiempo campañas y también controles, y que esos controles no estén siempre en el mismo lugar porque lo que ocurre en ese caso es que el conductor ya sabe qué calles tiene que evitar”, dice Perrone, y suma: “Con campañas que informen con eficacia cuáles son los efectos del alcohol y de la velocidad al volante y lo que pasa si te quedás en el lugar del hecho en vez de escapar, ya podés mejorar el escenario. Y a eso le sumás controles móviles y leyes claras y la siniestralidad tiene que bajar. Pero estamos lejos de eso”.

MENOS VELOCIDAD

Ahora mismo, Madres del Dolor impulsa proyectos legislativos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, aunque por ahora esos proyectos no tienen señales claras de si lograrán avanzar en la Legislatura o en el Congreso.

Uno de esos proyectos es que se introduzca definitivamente en territorio porteño la Ley de Alcohol Cero, ya que hasta ahora el máximo permitido en los tests de alcoholemia que se hacen en la Ciudad es 0,5 gramos de alcohol por cada litro de sangre. A la vez, la organización empuja una modificación en la velocidad máxima a la que se puede circular por calles, que actualmente es de 40 kilómetros por hora y, asegura Perrone, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomendable es que se circule a un máximo de 30 kilómetros por hora. “Esos diez kilómetros por hora de diferencia pueden salvar vidas”, suma la referente.

A la vez, hace nada más que una semana Madres del Dolor participó de una reunión con la comisión de la Cámara de Diputados dedicada al transporte. Elevaron allí el pedido de que, en caso de existir agravantes como exceso de velocidad, consumo de alcohol o de estupefacientes o abandono de persona, el mínimo de la pena para un homicidio culposo sea de cuatro años, de forma que sean penas de cumplimiento efectivo en vez de excarcelables. También empujan el pedido de que cuando una persona maneje con una licencia de una categoría que no corresponde con su vehículo eso también se contemple como un agravante.

No son nuevas las Madres del Dolor en estas luchas: dieron la pelea hasta lograr que el exceso de alcohol y de velocidad se contemplen como agravantes, y que el abandono de persona sea mirado desde el lado del victimario, sin importar si hay acompañantes de la víctima que se quedan mientras recibe asistencia. Ahora van por más modificaciones que logren bajar los índices de siniestralidad en la Argentina. “Son todas muertes fácilmente evitables”, dice Perrone.