La subsecretaria de Trabajo, María Noel Ibarra, dialogó este viernes con Alerta Urbana y ratificó todo lo actuado en el decreto que se conoció este semana por el cual el gobernador Leandro Zdero determinó la intervención, por presuntas irregularidades, de la Dirección Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (Dipropeti).

“Una familia entera tomó como propia al área y durante años hicieron lo que quisieron con bienes y recursos del Estado”, aseguró la funcionaria, quien remarcó que por el momento es imposible determinar el daño monetario que han causado. 

Ibarra hizo mención a una serie de presuntas irregularidades en el manejo de la Dipropeti y apuntó contra la ex directora Nélida Beatriz Maldonado y varios de sus familiares directos que también trabajan en ese organismo provincial.

Por otro lado, marcó las incompatibilidades existentes entre el cargo que Maldonado ostentaba hasta la semana pasada y las fundaciones a las que supuestamente pertenecía o era integrante.

“Es una familia entera la que está en esta situación; cinco de las catorce personas que integran la planta de la Dipropeti son parte de la familia y otros reciben el programa Renta Mínima a través de esta misma área”, explicó y denunció que la desplazada encargada dejó una deuda de alquiler de oficinas de más de 3 millones de pesos.

.Ibarra dijo que Maldonado asumió el cargo hace unos 17 años y que el relevamiento que realizó -y que derivó en la intervención- contempla al menos cuatro años de seguimiento a los movimientos bancarios que se hicieron desde la Dipropeti.

En cuanto a la composición del grupo familiar que “copó” el organismo, la subsecretaria de Trabajo detalló que dos hijos de Maldonado, una hija y dos de sus nueras son personal de planta. 

La funcionaria habló de severas irregularidades en la compra de bienes y su posterior inventariado, en el cobro de viáticos, en el uso de vehículos oficiales, desvío de fondos en favor de fundaciones y otros desmanejos de carácter administrativo.

“Tenemos un expediente con más de 170 páginas en las que se recopilan estas situaciones; esta familia tomaba como habituales una serie de cosas que son totalmente anormales en la administración pública”, agregó.

En el decreto 749/2024, Zdero aparta del cargo a Maldonado y designó como interventora de la Dipropeti, por el plazo legal de 180 días, a la escribana María Martha Marcón, quien deberá realizar un control integral del organismo.

Entre las irregularidades a las que hace mención el gobernador, se detalla la retención indebida de tres vehículos oficiales que en repetidas ocasiones habían sido solicitados “de manera verbal” por la actual subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, y luego por el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, en cuya órbita funciona la cuestionada dirección.

Por otra parte, también fueron detectadas inconsistencias en cuanto a material informático que fue adquirido por el Ministerio y que no se encuentra inventariado de manera correspondiente y tampoco se hallan en la Dipropeti.

En el instrumento administrativo se indica que en el área se han constatado “varias situaciones anormales” en cuanto al funcionamiento administrativo y técnico así como falta de control interno y asesoramiento.

“Estamos claramente la posible comisión de delitos”, dijo Ibarra, quien pidió poner el foco en el financiamiento de las dos fundaciones que presuntamente maneja la familia Maldonado (“ Crecer sin Trabajo Infantil” y “Con Amor por una Vida").

“Se quedaron con tres vehículos oficiales que son de la Dipropeti y los usaban como propios; el 1 de mayo denunciamos al hijo (Iván Sánchez) al que lo encontraron jugando al fútbol con un auto oficial estacionado en la puerta de la cancha”, comentó.

También señaló que luego de la intervención, debió poner la oficina bajo resguardo porque Maldonado y sus hijos intentaron llevarse bienes del Estado y hasta uno de ellos pidió que destruyan un remito de una empresa proveedora.

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