La Oficina Anticorrupción (OA), durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la conducción de Félix Crous, resolvió dejar de intervenir como querellante en 35 causas por corrupción que tramitan en la Justicia Federal en distintas instancias contra ex funcionarios nacionales. En la gran mayoría de los expedientes se trata de integrantes de gobiernos kirchneristas y, en cuatro expedientes más antiguos, de la gestión menemista. Siete de esa causas la tienen como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros integrantes de su gobierno, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex vicepresidente Amado Boudou, y el ex secretario de Trasporte Ricardo Jaime, entre otros.

En 24 de los 35 expedientes que aún están en trámite, en distintas etapas del proceso, reapertura o en apelación, la OA se presentó como querellante durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo estuvo a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso. En diciembre de 2019, en un balance de gestión, la entonces funcionaria había informado que la Oficina era querellante en 38 causas, en su gran mayoría contra funcionarios kirchneristas. Alonso, en una entrevista en el canal América en abril de ese año, había dicho que el organismo a su cargo no había intervenido en causas judiciales contra integrantes del entonces gobierno. “En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales”, reconoció.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Fernández, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, esta Oficina no se presentó en ninguna otra causa por corrupción para intervenir en el proceso en el rol de acusador. Así surge del extenso informe de 1.131 páginas que le envió el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a los senadores en respuesta a sus 1.286 preguntas, como anticipo de su primera presentación ayer ante la Cámara alta.

La querella es una parte del proceso penal, como son los acusados, su defensa y los fiscales. En los delitos de corrupción contra la administración pública en los que se encuentra afectado el patrimonio del Estado, la Oficina Anticorrupción tiene la facultad de presentarse como querellante. Esto implica que puede intervenir en el proceso y, por lo tanto, tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba, indagatorias, detenciones y aportar documentación. Es el juez de la causa, quien determina si acepta o no su presentación como querellante.

Si no hubiera otro querellante como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), con el retiro de la OA de los expedientes, el impulso de la acción penal quedó solo en mano de los fiscales. No obstante, el desistimiento de la Oficina no fue en simultáneo en todas las causas donde estaban involucrados ex funcionarios kirchneristas, ya que Crous decidió mantener la querella en las que ya estaban en juicio oral. “La relevancia de todas las querellas de la OA, la UIF y AFIP fue insoslayable por lo que ha sucedido en todas las causas donde la decisión institucional fue avanzar, incluso pese al mutismo de la OA en los años de Alberto Fernández, porque los juicios y las condenas continuaron”, señaló Alonso. “Y para avanzar, no solo se necesita el liderazgo personal de las instituciones, necesitás que la Presidencia genere un clima político-institucional que le de comodidad a los organismo para avanzar con las querellas”, agregó.

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