Cuando se dice que la Justicia tiene una mirada para quienes no tienen poder económico u político y otro para quienes si lo ostentan es casi una verdad que se comprueba con los hechos.

Aun con un cúmulo de pruebas importantes presentados por los fiscales para marcar que se creó una empresa que luego fue concesionaria del servicio de residuos cuando no tenía ninguna experiencia en la materia y que esa firma estaba manejado por allegados o familiares de quienes tenían poder en la Comuna de Resistencia, no alcanzó para condenar.

Luego de esquivar y esquivar la justicia amparada en sus fueros de diputada nacional en 2017 llegó el día y la exintendenta Aída Ayala fue condenada pero a prisión en suspenso, porque la pena es de tres años, que no es de cumplimiento efectivo. Los fiscales habían pedido 10 pero los jueces no lo consideraron oportuno.

Además, la multa es de 90 mil pesos que en términos reales hoy no representa más que dos o tres prendas de vestir o medio carrito de mercaderías y que no se compara con el valor de compra del dinero de lo que creían los fiscales se quedaba la asociación ilícita comandada por Ayala y Sampayo.

Lo concreto es que otra vez como pasó con Horacio Rey y Roberto Lugo, acusados de llegar al Estado para hacer negocios y quedarse con el dinero, la Justicia volvió a quedar en deuda o con sabor a poco.

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Cabe mencionar que las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica comunicándose a los números 3624100411/ fijo 4573782