Este miércoles se definiría si los jueces Enrique Bosch y Juan Manuel Iglesias y la jueza Noemí Berros condenan a 10 años de prisión a la exdiputada nacional y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y la misma a pena al líder sindical Jacinto Sampayo, acusados de beneficiarse con el armado de una empresa a la que se le dio la concesión de la recolección de residuos: la famosa firma PIMP

Los fiscales solicitaron para Aída Ayala, las penas de diez años de prisión y de inhabilitación perpetua por considerarla coautora de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública, a los cuales consideró como delitos precedentes del de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, por la que también la acusaron en grado de coautora.

Las mismas penas de diez años de prisión y de inhabilitación perpetua solicitaron para Sampayo, tras considerarlo coautor de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública en concurso ideal entre sí, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

En tanto, por los delitos de defraudación contra la Administración Pública, en concurso real con lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, la fiscalía requirió las siguientes penas:

Para el abogado Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, 8 años de prisión por considerarlos coautores.

Para la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña pidieron la pena de siete años de prisión, por considerarlos partícipes necesarios.

Para Fatima Jessica Rigassio, Diego Alberto Martínez Guarino, Cristian Adrián Zapata y Luis Guillermo Escobar pidieron tres años de prisión. La primera fue considerada partícipe necesaria, mientras que los restantes fueron acusados en carácter de partícipes secundarios.

Para Eulalio Bouza pidieron la pena de cuatro años de prisión por considerarlo partícipe necesario en los delitos precedentes y como partícipe secundario en el lavado de activos.

Por otro lado, solicitaron tres años de prisión para Enrique Baumwollspinner, Elsa Martínez, Monica Centurión y Víctor Hugo Quiroz como partícipes secundarios del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una asociación o banda continuada de hechos de esa naturaleza.

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