El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan casi el 75% de los afiliados, tendrán que retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC.

 "Deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses", indicó Adorni. 

Desde el Gobierno, en medio de la disputa, comunicaron que la decisión se enmarca en una tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. "El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista ", expresó.

Al respecto, la Superintendencia de Salud, como organismo fiscalizador, está presentando una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha". 

Los aumentos de tarifas en las empresas de salud privada han generado un conflicto que llevó a la renuncia de Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical Group, como presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS). Esta decisión se produce en medio de acusaciones de cartelización por parte del Gobierno, que rechaza las subas en los planes médicos por su impacto en la clase media, siendo Belocopitt uno de los principales impulsores de estos aumentos.

En su comunicado de renuncia, Belocopitt mencionó la necesidad de preservar el diálogo y encontrar soluciones consensuadas. Argumentó que su renuncia busca evitar que las críticas hacia su persona obstaculicen la búsqueda de soluciones y que es necesario "despejar subjetividades para encontrar salidas basadas en debates técnicos y equilibrios financieros". 

A nivel provincial la medida afecta a un mínimo de la población, ya que según el INDEC, en Chaco, más de la mitad de la población (52,2%) depende del sistema de salud público, mientras que el 43,3% cuenta con obras sociales o prepagas, y un 4,5% tiene planes estatales de salud. En comparación con la ciudad de Buenos Aires, la incidencia de las prepagas en clínicas o sanatorios de la provincia es significativamente menor.

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