Jorge Dahlgren, que actuó como fiscal subrogante en un amparo presentado en una Cámara de Apelaciones por parte de una trabajadora pública a quien se le interrumpió el traslado  al Ministerio de Gobierno efectuado en los últimos días de la gestión de Jorge Capitanich, emitió un dictamen en el cual sugiere a las juezas que deberán resolver la cuestión de fondo, que lo solicitado por el abogado Rodrigo Maidana Ladu, tiene fundamentos sólidos.

Como se sabe, apenas llegado a la Gobernación Leandro Zdero estableció que se revisen todos los actos administrativos desde que el anterior mandatario perdiera las elecciones y con ello suspendió nombramientos, recategorizaciones y traslados.

Si bien es una decisión no vinculante y que no tiene efecto jurídico en lo inmediato, quienes deben expedirse sobre estas cuestiones suele darle valor y actúan en la misma línea.

El fundamento es formal, que el Gobierno debió recurrir a la Justicia para anular las decisiones de Capitanich, no dictar otro decreto porque el solo hecho de que la persona involucrada se notifique de lo dispuesto por el Gobierno, adquiere efectos jurídicos.

 

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