El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno eliminó fondos fiduciarios por USD 2.000 millones. Dijo que son cajas de la política que en algunos casos existen hace más de 30 años y que representan el 0,5% del Producto Bruto Interno.

La decisión política de Javier Milei para avanzar en esa dirección está tomada. El Presidente define a estos fondos como “cajas negras”. Sin embargo, todavía hay discusiones técnicas sobre cuáles serán los fideicomisos apuntados en esta primera etapa.

Según, los equipos técnicos de su gobierno trabajan en la eliminación de al menos 9 fideicomisos y fondos fiduciarios. Hubo reuniones de varios funcionarios en la Casa Rosada este viernes y el diputado José Luis Espert estuvo en la Quinta presidencial de Olivos con el mismo propósito. Avanzaron en la elaboración de los decretos correspondientes y en los próximos días se conocerá la letra chica de manera oficial.

“Tiene muchas ganas de sacarlos lo más pronto posible”, confesó un funcionario en Balcarce 50 que tiene acceso al despacho de Milei. “El mensaje es para toda la política, porque eso estaba en la Ley Bases y varios diputados decidieron no apoyar la eliminación de los fondos fiduciarios”, agregó otra fuente que habla seguido con el Presidente. Consideran que será un nuevo impulso a la gestión y a los objetivos que se propusieron desde la llegada al poder. Esos fondos se financian con impuestos y transferencias del Tesoro Nacional.

Si bien aún no hubo confirmación oficial, entre los fondos que se eliminarían en los próximos días se encuentran los siguientes:

Transporte Eléctrico Federal (Res. 174/00 Secretaría de Energía). Permite participar en el financiamiento de las obras que la Secretaría de Energía identifique como una ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas para mejorar la calidad y/o seguridad de la demanda.

2) Desarrollo Provincial (decreto 286/95). Se creó a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 286/95 con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector Público Provincial Argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias.

3) Capital Social-Foncap (decreto 657/97). Para facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos a nivel nacional.

4) Infraestructura de Transporte (decreto 976/01). Para pago de compensaciones a concesionarios viales, desarrollo de la infraestructura vial nacional, cubrir obligaciones de contratos de APP, asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de compensaciones del sistema de transporte automotor de pasajeros.

5) Infraestructura Hídrica (decreto 1381/01). Sirve para el financiamiento de obras de infraestructura hídrica y el pago de compensaciones tarifarias.

6) Fondo Procrear (decreto 902/12). Su creación tuvo como objetivo facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social. Se financia con transferencias del presupuesto nacional y con los intereses provenientes de los créditos que se otorgaron.

Esta mañana en el Salón Eva Perón se sentaron a una mesa en la que analizaron el tema los asesores presidenciales Santiago Caputo y Federico Sturzenegger (con oficina en el segundo piso de la Rosada pero aún no nombrado oficialmente como tal), el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo. Las limitaciones legales son un aspecto al que le prestan especial atención.

En el Gobierno sostienen que hay un “manejo discrecional” del dinero en esos fideicomisos y que en muchos casos terminan “subejecutados”. Es decir hay una partida de la que solamente se utiliza una parte y otra “desaparece”, sin que sea claro el destino final.

Los gobernadores, y otros sectores se opusieron con fuerza a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° del proyecto de la Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de todos los argentinos que le otorgaba a Milei el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

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