Una ley aprobada en diciembre sobre la ejecución de la pena de las personas privadas de la libertad en Santa Fe generó polémica en las últimas horas, especialmente por la decisión del gobierno de esa provincia de que los internos usen uniformes diferenciados.

El artículo 24 de la legislación, aprobada en diciembre por ambas cámaras provinciales, establece un código de vestimenta que, en alguno casos, consta del uso de una ropa determinada. “La reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”, dice un fragmento de la ley.

Horas atrás, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó a la prensa local que más temprano que tarde se cumplirá con esta flamante normativa para los 9.000 detenidos alojados en unidades penales santafesinas y explicó las razones. “Llegará el momento en que todos tengan un uniforme diferenciado. Vamos a empezar por distintas categorías. El uniforme te sirve para establecer a dónde va cada preso dentro de la dinámica carcelaria, el que puede pasar esa puerta para ir a un taller, para ir a una escuela... uno tiene que poder visualizarlo”, comentó.

El funcionario adelantó que la decisión es parte de “una transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”. Detalló que la ley “permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen. Si trabaja o no, si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito”, y justificó al explicar que, según su criterio, permitirá “una mejor visualización y control de lo que ocurre”.

Si bien la ley aún no fue reglamentada y, como consecuencia, no existen aún los parámetros de tipos de uniformes y colores que se usarían, la medida ya recibió críticas de organismos de Derechos Humanos y especialistas en materia de derecho penal.

Matilde Bruera, diputada peronista con mandato cumplido en diciembre pasado, ex integrante de la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura y profesora titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, consideró la decisión como “ridícula” y remarcó que, además de inofensiva, es estigmatizante para los presos.

“En general la legislación internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o está deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si él lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derogó hace muchas décadas en el país”, explicó Bruera.

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