Uno de los artículos del mega proyecto de Reforma del Estado que comenzó a analizarse esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados suspende la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para fijar el incremento en los haberes y deja las actualizaciones de las pensiones previsionales en manos del Poder Ejecutivo.

El gasto previsional en Argentina estaba previsto para este año, según el Presupuesto armado por Sergio Massa y prorrogado para el 2024 por Javier Milei, en 7,6% del PBI. Pero con el ajuste, se estima que esté más cerca del 7,2%. Es la mayor partida individual del Presupuesto nacional. Pero el abultado déficit fiscal, con alta informalidad laboral - que según el INDEC llegó al 42% en el primer trimestre del 2023-, y una cada vez mayor longevidad de la población, pone en jaque la sustentabilidad del sistema.

En el país, actualmente, hay 7 millones de adultos mayores que reciben un haber jubilatorio o pensión por los aportes hechos por el cónyuge fallecido. De esa cantidad, 5.417.890 son jubilados y 1.638.617 pensionados, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), analizados por Infobae. Los beneficiarios del sistema previsional son hoy el doble de los que había en 2001, el año de la crisis económica y social que desembocó en la salida anticipada de Fernando de la Rúa. La cifra hoy se traduce en que el 95% de las personas mayores cuenta con algún ingreso previsional, lo que convierte al país en uno de los de mayor cobertura de la región.

Para poder jubilarse en el régimen general se le requiere a los hombres tener 65 años y a las mujeres, 60, pudiendo ellas continuar hasta los 65 si así lo desean. Además se necesitan 30 años de servicio en relación de dependencia o como autónomo. El sistema jubilatorio en Argentina funciona como un régimen de reparto, en cual las jubilaciones se pagan a partir de los aportes de los trabajadores en actividad y los de sus empleadores. A agosto pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, había 10,7 millones de trabajadores del sector público y privado aportantes al sistema. Pero lo recaudado solo cubre entre el 55% y el 60% de la masa de haberes, por lo que la ANSES requiere recursos adicionales que provienen de impuestos específicos asignados a la seguridad social, y de aportes del Tesoro nacional.

Hoy, el 58% de los jubilados y pensionados accedió al sistema mediante algún tipo de plan de regularización o condonación de deuda previsional, es decir, no contaba con la cantidad de años de aportes suficientes. Según los datos del último Boletín Estadístico de la Seguridad Social que publica el Ministerio de Trabajo, correspondientes a septiembre pasado, los haberes liquidados sumaban 7.056.507, de los cuales 4.083.700 fueron con moratoria. Esto implica que sólo 4 de cada 10 jubilados o pensionados accedió al beneficio con los 30 años de aportes registrados, tal como exige la ley.