Este lunes en la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, presidida por el juez Rodolfo Lineras, se conocerá la sentencia a la que arribó el magistrado luego de haberse cumplido el juicio oral y público en contra de los efectivos por la muerte del detenido Fernando Suárez en medio de un incendio en la Comisaría Cuarta en el año 2016.

DE QUÉ SE LOS ACUSA

-Edgardo Alberto Parra tiene la imputación más grave, se lo acusa de homicidio culposo por supuesta negligencia en la custodia del detenido.

-Diego Moreira (oficial principal), Gabriela García (oficial subayudante) y Javier Edgardo Cardozo (Sargento), están acusados de falsedad ideológica porque los tres participaron en el falseamiento de actas de constatación realizadas en el marco de la investigación por la muerte de Fernando donde incluyeron datos falsos con fechas, horas y lugares inexactos. Los mismos testigos que fueron obligados a firmar las actas policiales se encargaron de desmentirlos.

-Javier Fermín Córdoba (jefe de la Comisaría Cuarta en ese momento), Luis Alberto Almirón (cabo) y Ezequiel Dalmacio Sánchez (oficial subayudante), junto a Moreira, Cardozo y García, se los imputó por el delito de encubrimiento agravado en calidad de coautores. 

La fiscal adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos, Siliva Sluzar, sostuvo que "hubo serias negligencias respecto a los cuidados exigidos para personas privadas de la libertad que están en custodia del Estado". Y agregó: "Se introdujeron datos falsos en dos actas de constatación en el marco de la investigación del hecho y también se hicieron desaparecer dos prendas de vestir que pertenecían a Fernando".

En sus alegatos, solicitó la máxima pena por el delito indilgado a cada uno de los efectivos además de la inhibición, pero se olvidó de merituar la pena. Ezequiel Sánchez fue el único que no fue acusado por la fiscal.

El Defensor Oficial N°2, Matías Jachesky, que actuó como querellante por parte de la madre del joven fallecido, acompañó en la acusación respecto del "Homicidio Culposo" del llavero Edgardo Parra, pero no estuvo de acuerdo con la acusación de "Falsedad Ideológica", y sostuvo que tampoco existe, desde su opinión, "maniobras de encubrimiento".

Para el defensor oficial se debe ahondar nuevamente en la investigación en la responsabilidad culposa de todas las personas que, de alguna u otra manera, tuvieron incidencia directa e indirecta en esa muerte.

Por su parte, la abogada Romina Duarte de la secretaria de Derechos Humanos y de Género de la provincia y Rodolfo Sotelo, del Comité de Prevención contra la Tortura, que actuaron como querellantes por parte del Estado, pidieron que cinco de los siete efectivos policiales sean condenados.

"No pudieron proteger la vida de una sola persona detenida", mencionaron al tiempo que señalaron que "claramente han obrado en forma imprudente". Ambos organismos no acusaron a los policías Sánchez y Cardozo.

Los abogados defensores, Elena Irrazabal, Camila Canteros, Cesar Collado y Leandro Fioravanti, solicitaron la absolución de sus defendidos al tiempo que explicaron "la situación calamitosa de las celdas en las comisarías, las cuales no son aptas para tener detenidos". Asimismo, mencionaron las múltiples funciones que cumplen los efectivos policiales en las comisarías, además de la cuidar a los detenidos.

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