El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó dos planteos de las defensas del empresario Lázaro Báez y del abogado Jorge Chueco y dejó firme la fecha del 20 de octubre próximo para el comienzo del juicio oral y público en el que se juzgarán varios hechos de evasión agravada por el uso de “facturas truchas”. También se sentarán en el banquillo de los acusados el exsenador por el PJ chaqueño y socio de la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani, Fabio Biancalani, y los exdirectivos de Austral Construcciones, Claudio Bustos y Julio Mendoza.

La resolución, fechada el 23 de junio pasado, lleva las firmas de las juezas Mariela Emilce Rojas, Lilia Graciela Carnero y Noemí Marta Berros, quiénes conformarán el TOF para este juicio oral y público. De acuerdo a lo previsto por el cronograma, se prevén 14 audiencias que comenzarán el 20 de octubre y se seguirán en noviembre y diciembre de 2023 y que concluiría en febrero de 2024.

Chueco y el abogado de Báez buscaban demorar el inicio de las audiencias con el argumento de que se encuentran pendientes de producir una serie de pruebas solicitadas por las defensas de los imputados. En ese contexto, las integrantes del TOF consideraron que aun restan casi cuatro meses para el inicio del debate, al cual consideran un plazo “extenso” como para poder contar con las mismas. Además, subrayaron que son las propias defensas las que tienen a su cargo la producción de las pruebas desde el mes de marzo de este año.

El caso

El ex senador por el PJ chaqueño, Fabio Biancalani; el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, y los administradores de la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani, Claudio Bustos y Julio Mendoza, llegan a juicio imputados como coautores por tres hechos de “evasión agravada por el uso de documentos apócrifos” y “evasión agravada por el monto”, en concurso real. El abogado Jorge Chueco, en tanto, por un hecho de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos (facturas truchas).

A Biancalani, Báez, Bustos y Mendoza se les trabaron, además, embargos por 52 millones de pesos a cada uno que, según estimó la AFIP, fue el monto que habrían evadido por IVA y Ganancias. A Chueco, en tanto, se lo embargó por 3,3 millones de pesos.

La investigación fue iniciada en el año 2016 por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, a partir de una denuncia formalizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de encontrar irregularidades durante una auditoría en la empresa Sucesores de Adelmo Biancalani en abril de 2016, cuya mayoría accionaria correspondía al empresario Lázaro Báez y en la que el exsenador Biancalani contaba con poco más del 16 por ciento de las acciones.

A fines de septiembre de 2020, el juez federal subrogante de Resistencia, Enrique Bosch, había procesado a los empresarios al considerar acreditado “(…) el despliegue de supuestas maniobras ardidosas por parte de los responsables de la Sucesión de Adelmo Biancalani, para inducir a error en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al incluir en sus DDJJ datos falsos respecto de la composición de su patrimonio y determinación del impuesto, el cual fuera sustentado en documentación falsa”. En ese contexto, el magistrado consideró que las maniobras “evidencian una clara voluntad de evadir el pago del impuesto”.

Agregó que “(…) se ha podido constatar la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.

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