El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó el pasado jueves a 25 acusados de conformar una asociación ilícita fiscal que montó una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos, con un monto evadido superior a mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias. En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid. César Ariel Balmaceda fue condenado a seis años de prisión y multa de 90 mil pesos como autor y organizador de una asociación ilícita fiscal, mientras que Lucas Exequiel Laureano Baldez, Flavio Rubén Cabrera, Oscar Gabriel Muñoz Oviedo y Raúl Gonzalo Saá, Juan Cruz Borra fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de prisión como integrantes de la organización. El resto de los imputados recibieron penas de tres años de prisión en suspenso: Diego Ho, María Laura Limina, Lorena Ramírez, Yamila Ochoa, Romina Fernández, María Rosa Lucero y Natalia Balmaceda fueron condenadas y condenados en calidad de integrantes de una asociación ilícita fiscal, mientras que Fernando Iglesias, Enrique Abdallah y Cristian y Oscar Giuliano fueron considerados partícipes necesarios. En tanto, Julián Rolandi, Diego Minudri, Norberto Royón Blanco, Pablo Mauri, Marco Naldini, Daniel Escalante, José Sosa y Jorge Pereira recibieron la misma pena como partícipes secundarios. En su fallo, el tribunal oral también estableció multas para gran parte de los imputados, que fueron de 90 mil pesos para César Balmaceda; de 60 mil pesos para Borra, Oscar Giuliano, Abdallah y Sosa; de 50 mil en los casos de Fernández, Saá, Cristian Giuliano, Iglesias, Pereira, Escalante, Naldini, Mauri, Royón Blanco, Minudri y Rolandi; y de 45 mil para Lucero, Verónica Balmaceda, Oviedo, Ramírez y Ho. El tribunal ordenó además el decomiso de tres automóviles y bienes personales de César Balmaceda por un monto de $20.889.273, una medida que también se fijó en los casos de Fernández, Lucero, Natalia Balmaceda, Oviedo, Ramírez, Saá, Ho, Borra, Cristian y Oscar Giuliano, Abdallah, Pereira, Sosa, Escalante, Naldini, Mauri, Royón Blanco, Minudri, Iglesias y Rolandi hasta cubrir montos que van desde los $120.563 hasta $3.075.162, calculados en función del valor equivalente a las ganancias obtenidas durante estas maniobras. Además, se estableció el decomiso de la documentación, dispositivos informáticos y demás efectos secuestrados durante la investigación y que se mantenga la prohibición de salida del país de todos los imputados hasta tanto la sentencia quede firme. Los fundamentos de la decisión se conocerán en una audiencia a fijarse dentro de los próximos cuarenta días. Luego de más de un año de audiencias de debate destinadas a la producción de prueba, a lo largo de los alegatos la fiscalía fundamentó la acreditación de la existencia, integración, organización, alcances y actuación de la organización con sede en la capital provincial. Rachid y Spagnuolo consideraron probada su existencia con la integración de al menos 25 personas que cumplieron distintos roles en función del desarrollo de ese plan criminal, destinado a la provisión de facturas apócrifas con el objeto de cometer, coadyuvar y colaborar en evasión tributaria. De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía en su alegato, en la causa se probó una estructura formada por un jefe y organizador, un grupo de cuatro personas subordinadas con desempeño diario en la oficina sede de la organización y encargadas de los procesos administrativos indispensables para su funcionamiento habitual, y un nutrido grupo de personas que actuaron como intermediarias que, con permanencia y habitualidad, intervenía en la comercialización de las facturas apócrifas generadas por la organización. El producto criminal se extendió por todo el país, indicaron los representantes del MPF. Dentro de este último grupo se identificó también a cuatro personas integrantes del entorno íntimo del jefe y a miembros fundacionales de la asociación criminal, que además de intermediar en la comercialización del producto ilícito actuaron personalmente como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades apócrifas utilizadas para su cometido delictivo por la organización. Además, se identificó a un contador y una contadora que, según la acusación, junto con el rol de intermediación en la comercialización de facturación apócrifa, brindaron el soporte contable indispensable para el funcionamiento habitual de la organización.