El lunes 29 de mayo, a las 8 horas, en la sede del Centro de Estudios Judiciales del Chaco, tendrá lugar el inicio del juicio por jurados contra dos funcionarios policiales acusados por tortura seguida de muerte de Sebastián Ponce de León, quién falleció el 10 de febrero de 2019, luego de permanecer internado en grave estado como consecuencia de una salvaje golpiza recibida a fines de enero de ese mismo año en la ciudad de Barranqueras. En tanto, un tercer agente llega al juicio acusado por la omisión de denunciar a sus dos subordinados. Será el primer caso de violencia institucional en ser juzgado con la modalidad de jurado popular en la provincia del Chaco.

El juez técnico será el magistrado de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, Ernesto Azcona. Ayer, se llevó a cabo la jornada de sorteo de los jurados que tendrán a su cargo la responsabilidad de determinar la culpabilidad o no de los tres funcionarios policiales imputados. Durante el juicio, intervendrán como querellantes particulares el Comité para la Prevención de la Tortura y un abogado en representación de los familiares de la víctima.

Las audiencias del juicio están previstas para los días 29, 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio. Todas a partir de las 8 horas.

La causa

Vale recordar que el por entonces fiscal de Derechos Humanos provisorio, Luciano Santos, había requerido la elevación a juicio de la causa imputando a los agentes por el presunto delito de “homicidio preteintencional”, lo cual fue revertido por la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli, quién agravó la calificación legal a “tortura seguida de muerte”, tras un planteo de las querellas. Por este delito serán enjuiciados los agentes Sebastián Darío Romero y Cristian Alfredo Chamorro.

El delito de “tortura seguida de muerte” es el más grave en casos de violencia institucional y uno de los que prevé pena de prisión perpetua.

Carlos Rodríguez era superior a Romero y Chamorro y quién conducía el móvil policial ese 31 de enero de 2019: llega a juicio acusado por omitir denunciar la tortura llevada a cabo por sus subordinados.

La última semana, los abogados defensores de los policías, Olga Mongelós, Leandro García Redondo, Sebastián Quintana y Leandro Fioravanti, denunciaron penalmente a la perita forense Virginia Creimer, quién intervino por la parte querellante en la reautopsia de Ponce de León que, realizada bajo los lineamientos del “protocolo Minnesota”, determinó que la muerte de Sebastián fue consecuencia de la brutal golpiza policial que habría recibido durante su detención y no, como indicaban las defensas, por consumo de estupefacientes.

Pidieron que la prestigiosa forense sea imputada por presunta usurpación de grados, títulos y honores porque al momento de intervenir en la reautopsia no se encontraba inscripta en la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud del Chaco, lo que consideran una infracción al artículo 247 del Código Penal.

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