Se trata de los instructores Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez; y del coordinador Alejandro Gattoni, quienes estaban a cargo de los ingresantes al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, entre los que se hallaba la víctima.

Para el delito de homicidio culposo, el Código Penal establece prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial de entre 5 y 10, “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”.

Mientras que el abuso de autoridad prevé un castigo de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble de ese tiempo.

Los magistrados indicaron que ahora resta la instancia de cesura, que se desarrollará en los próximos días, mediante la cual se impondrá la pena para los acusados.

Además de esos delitos, el policía Contreras también fue declarado culpable de lesiones leves hacia otro oficial cursante.

El presidente del tribunal de juicio, Carlos Reussi, estuvo a cargo de la lectura del veredicto de culpabilidad que se realizó esta mañana en los Juzgados de Viedma.

“En torno al primer hecho encontramos que el curso básico COER, dictado por la policía, fue hecho en modo contrario a los objetivos que justificaron su organización y, a su vez, que hubo en ese marco hitos vulnerantes a la propia dignidad humana de los cursantes”, expresó Reussi.

Al leer el fallo, agregó que “se registró un abuso de autoridad de parte de los imputados” y que en el caso de la muerte de Mandagaray, “todos los imputados quebrantaron sus respectivos roles incrementando los riesgos que causaron el fallecimiento”.

“Este veredicto refleja la labor de deliberación que hemos llevado adelante con los colegas, analizando desde el plano de aquellos hechos que fueron traídos a juicio por parte de la fiscalía y la querella y a la luz de las pruebas suficientemente estandarizadas, con documentación, resoluciones y testimonios de quienes escuchamos a lo largo de estos días”, completó Reussi.

Según el informe oficial de la autopsia, Mandagaray murió “ahogado por asfixia por sumersión” mientras realizaba un curso para ingresar al COER, el 15 de abril de 2021, en la playa de Bahía Creek, al sudoeste de Viedma.

De acuerdo con la acusación, todo comenzó el 12 de abril, a 40 kilómetros de Bahía Creek, donde los instructores y el coordinador hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua para luego iniciar la caminata hasta la playa en la que acamparon hasta el día siguiente.

En ese marco, los policías que estaban siendo instruidos padecieron “excesivo desgaste físico y psicológico que les generó heridas en los pies, las manos y complicaciones psicológicas”.

También fueron obligados a soportar prácticas humillantes como “orinarlos, colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar al mar a altas horas de la madrugada, en plena oscuridad y sin ninguna medida de seguridad”.

Para los acusadores, el 15 de abril de 2021, en el marco del entrenamiento presenciado por el coordinador, Mandagaray fue obligado a ingresar al mar junto a dos compañeros con el uniforme policial completo, incluido los borceguíes y todas las armas reglamentarias.

Previamente, Mandagaray había manifestado que “no sabía nadar”, lo que no fue tenido en cuenta, dado que el oficial y sus dos compañeros fueron instados a ingresar al agua cargando entre los tres un tronco de unos dos metros de largo.

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