El juez supremo Alexandre de Moraes había advertido en la mañana de este miércoles a Telegram que retirara un mensaje enviado la víspera en el cual aseguraba que la democracia estaba amenazada con el proyecto de ley del oficialismo y parte de la oposición derechista, que busca frenar los mensajes de odio, el racismo y la violencia en las redes sociales, incluso en las de mensajería.

Ante la amenaza de suspender hasta el viernes a Telegram en Brasil, la empresa acató el fallo del juez de la corte que investiga, entre otros, al expresidente Jair Bolsonaro por “fake news” y golpismo y publicó una retractación redactada por el propio magistrado.

“Por determinación del Supremo Tribunal Federal, la empresa Telegram comunica: El anterior mensaje de Telegram caracterizó FLAGRANTE e ILEGAL DESINFORMACIÓN que ataca al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Estado de Derecho y a la Democracia Brasileña, ya que, de manera fraudulenta, tergiversaba la discusión y los debates sobre la regulación de los proveedores de servicios de redes sociales y mensajería privada (PL 2630), en un intento de inducir e instigar a los usuarios a coaccionar a los parlamentarios”, dice el texto.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había acusado de Telegram de amenazar la soberanía nacional con el mensaje enviado a sus usuarios brasileños al hacer cabildeo contra el proyecto de ley.

La semana pasada, el Gobierno de Brasil inició acciones contra el gigante estadounidense Google por sugerir en los buscadores que el proyecto iba a afectar la libertad de expresión en Internet.

Google retiró el mensaje de su página inicial a raíz del escándalo generado por direccionar las búsquedas hacia noticias negativas sobre el proyecto.

El proyecto legislativo fue incluido en el orden del día de votaciones de la Cámara baja la semana pasada, pero tuvo que ser retirado porque el oficialismo carecía de los votos suficientes para su aprobación.

En su mensaje, Telegram llamaba a los internautas a hablar con los diputados para involucrarse y cambiar la situación.

El Gobierno brasileño también se enfrentó el mes pasado contra Telegram por la negativa de la compañía a facilitar datos de grupos neonazis que difunden mensajes de odio en el país y que, según las autoridades, han fomentado ataques violentos en las escuelas.

Telegram, cuyo servicio fue interrumpido en ese momento por orden judicial, se defendió alegando que los datos solicitados por el Gobierno brasileño son imposibles de obtener.

El proyecto es resistido por el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro, que tiene la mayor bancada parlamentaria en la Cámara baja.

El autor del proyecto, el diputado oficialista Orlando Silva, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), acusó a Telegram de haber realizado “un juego sucio” al divulgar “desinformación a los usuarios brasileños”.

“Esta campaña de mentiras no va a prosperar, Internet no es tierra sin ley, y la regulación es una necesidad”, dijo el legislador.

El proyecto ganó fuerza luego de que el Ministerio de Justicia informara que 300 personas vinculadas a la extrema derecha y al neonazismo fueron detenidas por amenazar u organizar mediante mensajería en redes sociales ataques contra escuelas, en una ola surgida luego de que en abril un hombre de 26 años asesinara a hachazos a cuatro niños en un jardín de infantes de Blumenau, Santa Catarina.

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