Acuña explicó que tomaron conocimiento cerca de las 9 de la mañana que alrededor de veinte personas ingresaron a las viviendas y que rápidamente se ocuparon del problema, que fueron los  primeros en llamar a la policía para denunciar lo que estaba sucediendo e intentaron negociar con los usurpadores, de los cuales recibieron una negativa y es por ello que el secretario legal y técnico municipal se puso en contacto con el Fiscal de Investigación en turno, que en ese momento les comunicó que ordenó el desalojo.

Acerca de las versiones sobre de un audio que se viralizó donde involucraría a una funcionaria provincial que arengaba la toma, expresó no tener conocimiento, y que se estaban realizando las investigaciones correspondientes.

En cuanto al estado de las viviendas agregó que se sumado a la destrucción de varias unidades, se han robado puertas, ventanas y sanitarios. A su vez, aseguró que “las viviendas fueron entregadas a sus adjudicatarios”.

Al ser consultado sobre la seguridad del barrio en construcción y si el municipio estuvo a la altura de las circunstancias dijo: “nosotros tenemos una empresa de seguridad que se hace cargo de las viviendas y también tenemos serenos, la guardia de prevención ciudadana también hace patrullajes. Pero no tenemos poder de policía, no podemos portar armas”, destacó.

En cuanto al porqué no se paga servicio adicional de policía, continuó explicando que en un momento el municipio pagaba, pero que al ser poco el personal policial disponible no es posible que se los pueda contratar ya que sino la ciudad quedaría descubierta, finalizó.

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